Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene dos vacantes sin cubrir y arrastra un déficit estructural en el sistema judicial, el Gobierno decidió postergar el impulso político para completar esos nombramientos y concentrarse en otras reformas.
Tras el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, la Casa Rosada optó por no forzar una nueva avanzada inmediata. En paralelo, permanecen pendientes 146 designaciones de jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, un volumen que representa cerca del 40% de la estructura judicial. Si bien el Ministerio de Justicia tendría avanzadas las propuestas, la definición política final depende de la conducción libertaria y de la viabilidad parlamentaria.
En el arranque del año legislativo, la prioridad oficial pasa por la ingeniería política y económica. La agenda incluye una reforma política que refuerce los controles al financiamiento partidario y elimine las PASO, además de modificaciones a la Boleta Única de Papel para permitir el voto por lista completa con una sola marca. A esto se suman cambios en el sistema tributario y el envío de un nuevo Código Penal, aún no presentado en su totalidad. En el plano institucional, el oficialismo también buscará consolidar los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, orientados a reforzar la estabilidad fiscal y monetaria.
Otro eje inmediato será la modificación de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento en el Senado asoma como una prueba de fuerza para el oficialismo. En este esquema, las vacantes judiciales quedan en un segundo plano táctico, aunque no fuera del radar estratégico. La Libertad Avanza evalúa que cualquier avance en la Corte requerirá acuerdos complejos con la oposición, en especial con el kirchnerismo, cuyos votos resultan determinantes para alcanzar las mayorías necesarias en la Cámara alta.