Tras la aprobación en sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei logró convertir en ley dos de sus iniciativas centrales: la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Superada la instancia legislativa, el Gobierno trabaja ahora en la letra fina de ambas normas, un proceso clave para definir su implementación. Si bien algunas disposiciones comenzarán a regir en los próximos días, otras quedarán sujetas a plazos específicos o a la reglamentación correspondiente, por lo que su aplicación no será uniforme ni inmediata.
El primer paso formal es la promulgación, trámite que está bajo la órbita de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, encargada de revisar los textos antes de su publicación en el Boletín Oficial. En el caso de la Reforma Laboral, la norma establece que, en términos generales, entrará en vigencia desde su publicación. No obstante, varios capítulos contemplan cronogramas diferenciados: el Fondo de Asistencia Laboral comenzará a operar el 1º de junio de 2026 —con posibilidad de prórroga por hasta seis meses—; los incentivos a la formalización y los regímenes de promoción tendrán plazos propios; y algunas derogaciones, como las vinculadas al Estatuto del Periodista o al Teletrabajo, regirán recién desde 2027 y 2028.
En cuanto al Régimen Penal Juvenil —cuya principal modificación es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años—, el marco legal entrará en vigor a los 180 días de su publicación. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá de factores adicionales: la adecuación normativa de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la construcción o adaptación de institutos especializados, la conformación de equipos interdisciplinarios y la asignación presupuestaria prevista en la ley. En este punto, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo deberá habilitar las partidas correspondientes, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá que designar la autoridad de aplicación y dictar la reglamentación necesaria para poner en marcha el nuevo esquema.