El proyecto que modifica la Ley de Glaciares comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados tras obtener media sanción del Senado en el cierre de las extraordinarias.
El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, activó un cronograma que prevé el inicio del análisis en comisiones esta semana, audiencias públicas el martes 10 y la firma de dictamen el miércoles 11, con el objetivo de llevar el tema al recinto el jueves 12, en lo que sería la primera sesión del período ordinario. En la Casa Rosada confían en sostener los acuerdos con gobernadores que facilitaron la aprobación en la Cámara alta, aunque reconocen que en aquella votación afloraron matices incluso entre aliados.
La iniciativa será tratada en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, en un clima atravesado por cuestionamientos de la oposición y de organizaciones ambientales. Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro reclamó audiencias amplias y advirtió que cualquier modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales debe garantizar participación ciudadana y respetar el principio de no regresión. El planteo fue acompañado por legisladores de distintos bloques, mientras que entidades como Greenpeace Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales invocaron tanto la normativa vigente como el Acuerdo de Escazú, que obliga a asegurar instancias de intervención pública en decisiones ambientales con impacto significativo.
El Gobierno sostiene que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, en particular en provincias con fuerte potencial minero como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. El punto más sensible del proyecto es la habilitación de actividades extractivas en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan función hídrica, algo actualmente vedado por la ley. Para el oficialismo, el cambio permitirá atraer inversiones y dinamizar economías regionales; para sus detractores, implica una flexibilización de estándares que podría debilitar la tutela de reservas estratégicas de agua en un contexto de creciente estrés climático.