El Gobierno decidió actualizar las partidas presupuestarias para universidades a $2,5 billones e incorporarlas al Presupuesto 2026, con la intención de ejecutarlas de forma mensual hasta fin de año.
Desde el Ejecutivo aclaran que no habrá pagos retroactivos inmediatos y que la estrategia apunta a distribuir los fondos gradualmente, evitando un impacto fiscal fuerte en un solo desembolso.
La Casa Rosada sostiene que esta adecuación no implica ejecutar de inmediato la totalidad del monto, sino reordenar el presupuesto vigente para cumplir hacia adelante. En paralelo, Nación avanzará en el plano judicial con apelaciones que podrían llegar hasta la Corte Suprema, buscando ganar tiempo y sostener que la aplicación de la ley debe realizarse con criterios de gradualidad y disponibilidad presupuestaria.
Además, el oficialismo analiza impulsar cambios en la ley de financiamiento universitario para reducir su costo fiscal y evitar un déficit. La estrategia combina ejecución mensual, litigio judicial y posible reforma legislativa, en un contexto de creciente tensión con el sector universitario y dificultades internas para ordenar una respuesta política unificada.