El gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de debilidad política tras agotar gran parte de su capital electoral.
En el Congreso, el oficialismo no logra reunir apoyos suficientes para avanzar con su agenda, incluyendo la reforma electoral, que ya enfrenta rechazo de aliados como el PRO y la UCR. La advertencia de Patricia Bullrich —“no tengo los votos”— expuso las dificultades internas, mientras varios proyectos clave quedaron trabados o sin consenso, profundizando la parálisis legislativa.
Ante este bloqueo, el Gobierno intentó negociar con distintos sectores políticos, incluso acercándose al peronismo, mientras crece la influencia de los gobernadores, que condicionan su apoyo a cambio de cargos judiciales. La dinámica política se volvió más compleja, con tensiones internas y disputas en el ámbito judicial que reflejan una fragmentación del poder. En este contexto, la gestión también enfrenta cuestionamientos por la falta de acuerdos y una estrategia que no logra consolidar mayorías estables.
En paralelo, el denominado “círculo rojo” —empresarios, jueces y actores de poder— comenzó a mostrar señales de impaciencia. Figuras como Paolo Rocca y Mauricio Macri impulsan armados políticos alternativos ante las dudas sobre la sostenibilidad del modelo oficial. Las críticas ya no se limitan al ámbito político, sino que también alcanzan al rumbo económico, generando incertidumbre en sectores clave del poder económico.
En el plano económico, los indicadores tampoco acompañan: caída de la actividad, retracción del consumo y aumento de la pobreza configuran un panorama complejo. Aunque el Gobierno apuesta a una mejora en el corto plazo por factores estacionales, la falta de resultados visibles y el deterioro social incrementan la presión política. Así, mientras la economía ofrece un alivio parcial, el oficialismo enfrenta su mayor desafío en la pérdida de respaldo político y social en un año electoral clave.