La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y también amplía recursos para pagar juicios previsionales. Hubo recortes y reasignaciones en distintas áreas del Estado.
El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 y asignó partidas para financiar el plan de retiros voluntarios en la ANSES, además de reforzar fondos destinados al pago de sentencias previsionales.
La medida fue oficializada este lunes mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Fondos para retiros voluntarios en la ANSES
La norma incorpora partidas para el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” destinado al personal de la ANSES. El programa había sido lanzado en marzo a través de la Resolución 68/2026 y contempla la extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo para trabajadores con al menos dos años de antigüedad, aunque la aceptación final depende de la evaluación del organismo.
El esquema establece una indemnización equivalente al 90% de un sueldo por cada año trabajado, calculada sobre las remuneraciones habituales, con un tope de 24 haberes brutos. Además, prevé que el pago se realice en una sola cuota hasta $80 millones y en dos cuotas mensuales cuando el monto supere esa cifra.
La decisión administrativa señala que se introducen cambios en el “Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026”, según las planillas anexas que acompañan la medida.
Más recursos para juicios previsionales y ajustes en el Estado
El texto oficial también dispone un incremento de $500.000 millones para afrontar obligaciones previsionales. De esta manera, el límite total destinado a cubrir “sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa” quedó fijado en $712.288 millones.
Además, el Gobierno aplicó “rebajas en créditos presupuestarios” de distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional como parte de una reasignación de recursos.
La medida también incluye modificaciones en el presupuesto del Consejo de la Magistratura con el objetivo de “posibilitar su normal funcionamiento”, según se detalla en el texto publicado en el Boletín Oficial.