La reforma política impulsada por el Gobierno y enviada al Senado hace un mes atraviesa un escenario complejo, sin avances concretos y con crecientes dudas sobre su viabilidad. Lejos de generar consensos, el proyecto se transformó en un foco de tensiones tanto para la Casa Rosada como para los sectores dialoguistas, que observan demoras, cambios de postura y un clima que favorece la inacción legislativa.
La iniciativa incluye tres ejes principales: la eliminación de las PASO, modificaciones profundas al sistema electoral (como financiamiento, partidos políticos y Boleta Única de Papel) y el controvertido apartado de Ficha Limpia. Este paquete amplio y heterogéneo dificulta su tratamiento, ya que combina temas sensibles en un mismo debate, lo que complica aún más la construcción de acuerdos.
En el Senado, si bien las condiciones políticas y económicas parecen propicias para discutir una reforma de este tipo, la falta de definiciones claras y la estrategia oficial generan sospechas incluso entre aliados. Algunos legisladores creen que el propio Gobierno no tiene verdadero interés en que la ley avance, mientras otros advierten que ciertos cambios podrían afectar tanto a la oposición como al oficialismo en futuras elecciones.
A esto se suma la interna dentro del espacio libertario y las tensiones en la conducción política, donde también aparece el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las diferencias internas, junto con la falta de coordinación en el tratamiento legislativo, han contribuido a dilatar el debate y a postergar decisiones clave en comisiones.
En este contexto, el futuro de la reforma es incierto. Nadie parece dispuesto a bloquearla abiertamente, pero tampoco a asumir el costo político de impulsarla. Mientras tanto, el Congreso se mueve entre negociaciones, especulaciones y tiempos que se estiran, con el riesgo de que el proyecto termine diluyéndose sin ser tratado.