Los gobernadores dialoguistas y aliados del Gobierno nacional volvieron a brindar respaldo legislativo a Javier Milei al contribuir a bloquear en Diputados un intento de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Además, el oficialismo logró avanzar con proyectos clave, como el Súper RIGI y la aprobación del pago a los fondos buitre, gracias al acompañamiento de legisladores vinculados a provincias como Tucumán, Catamarca, Salta, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Mientras sostienen el apoyo en el Congreso, los mandatarios provinciales continúan negociando recursos con la Casa Rosada para hacer frente a las dificultades financieras de sus distritos. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz para analizar proyectos de infraestructura, obras públicas y reclamos vinculados al abastecimiento de gas y a subsidios para las tarifas eléctricas en el Norte Grande.
En paralelo, el Gobierno nacional autorizó adelantos de coparticipación para varias provincias con el objetivo de aliviar sus cuentas y fortalecer el vínculo con mandatarios considerados dialoguistas. Al mismo tiempo, gobernadores de distintas regiones impulsan iniciativas conjuntas para reclamar mayor participación de la Nación en obras estratégicas, especialmente frente a desafíos como las inundaciones y el fenómeno climático de El Niño.
Más allá de la agenda legislativa, comienzan a aparecer movimientos políticos con vistas a las elecciones de 2027. En Salta, Gustavo Sáenz advirtió que podría considerarse “proscripto” si la Justicia le impide buscar un nuevo mandato, mientras que La Libertad Avanza analiza cuál será su estrategia electoral en la provincia. En Misiones, en tanto, la creación del nuevo partido Encuentro Misionero profundizó la interna entre Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua.
En varias provincias también crecen los conflictos sociales y salariales. Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz atraviesan protestas de docentes y trabajadores estatales que reclaman mejoras salariales, en un contexto de restricciones presupuestarias y creciente tensión social que preocupa a las administraciones provinciales.
En este escenario, la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores sigue marcada por un delicado equilibrio entre el respaldo político y los reclamos por mayores recursos. Mientras el Gobierno busca sostener las mayorías parlamentarias para avanzar con su agenda, las provincias negocian obras, financiamiento y mejores condiciones para afrontar un contexto económico complejo, con la mirada puesta también en la disputa electoral de los próximos años.