La decisión del Gobierno nacional de interrumpir desde este miércoles el suministro de gas natural a grandes usuarios industriales encendió la alarma en el norte argentino.
La medida, conocida como “Rampa 0”, obliga a reducir el consumo a cero y afecta de lleno a los ingenios azucareros y las plantas citrícolas en plena zafra, con riesgo para la continuidad de la producción y miles de puestos de trabajo.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) y la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) rechazaron la resolución y reclamaron una revisión urgente. A su vez, el Gobierno de Tucumán elevó un pedido formal a la Secretaría de Energía para que garantice un abastecimiento equitativo y evite la paralización de dos de las principales economías regionales.
Según comunicó la distribuidora Naturgy NOA, las empresas solo podrán utilizar el tiempo mínimo necesario para finalizar los procesos productivos ya iniciados. Desde ACNOA advirtieron que la escasez de gas obliga a recurrir a Gas Natural Licuado (GNL) importado, cuyo costo es muy superior al del gas que se consume en otras regiones del país.
El presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro, cuestionó la política energética nacional y denunció un trato desigual hacia el norte argentino. El dirigente aseguró que ya hay ingenios y plantas citrícolas que comenzaron a detener su actividad y advirtió que la medida pone en riesgo el trabajo de más de 100.000 personas vinculadas de manera directa e indirecta a ambas cadenas productivas.
Desde el sector empresario también señalaron que la situación se agravó tras la reducción de la capacidad de transporte de gas hacia el NOA y recordaron que la paralización del proyecto del Gasoducto Norte dejó a la región sin una infraestructura clave para abastecerse con gas proveniente de Vaca Muerta a precios competitivos.
Además del impacto sobre la industria, el recorte también alcanzó a cinco estaciones de servicio de Tucumán que comercializan GNC. Mientras las autoridades monitorean la evolución de la demanda residencial, las entidades empresarias advirtieron que, de no revertirse la medida, las pérdidas económicas podrían extenderse más allá de la actual temporada de zafra y comprometer la actividad durante los próximos años.