Un relevamiento a través de pedidos de acceso a la información pública reveló que el Gobierno nacional ejecutó apenas uno de cada tres pesos recaudados para infraestructura hidráulica, mientras que colocó $290 mil millones en Letras del Tesoro. Proyectos vitales para el control de cuencas y el suministro de agua permanecen paralizados.
La infraestructura destinada a la prevención de inundaciones y el manejo de cuencas en el país atraviesa un escenario de fuerte parálisis. De acuerdo con datos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública, de un total de 24 obras hidráulicas iniciadas a partir de 2023 a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, 15 fueron canceladas o suspendidas, 8 permanecen formalmente en ejecución con avances mínimos y sólo una logró ser finalizada.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, constituido formalmente en 2001, se nutre de una alícuota directa del 4,3% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Por mandato legal, estos recursos tienen una afectación específica exclusiva: no pueden desviarse hacia el gasto corriente y deben volcarse de manera prioritaria al dragado y ensanche de ríos, defensas contra crecidas, saneamiento de arroyos y tendido de desagües pluviales urbanos.
Para las provincias del interior y las regiones productivas, donde el impacto de las tormentas estivales, el desborde de ríos y la falta de canales secundarios golpean tanto a cascos urbanos como a campos cultivados, la operatividad efectiva de estos fondos representa una herramienta estratégica para salvaguardar la producción y evitar catástrofes recurrentes.
Fondos recaudados vs. ejecución real
El contraste entre los recursos acumulados en las cuentas del fondo y los montos volcados al territorio generó fuertes cuestionamientos en el ámbito parlamentario:
- Recaudación específica (2024 – mayo 2026): Ingresaron al sistema $375.400 millones mediante el tributo a las naftas.
- Gasto ejecutado en obras: Apenas se destinaron $116.000 millones a tareas físicas y certificaciones.
- Destino de los excedentes: El remanente mayoritario, estimado en $290.000 millones, fue colocado en Letras del Tesoro en lugar de invertirse en los frentes de obra previstos.
En términos concretos, la administración nacional gastó sólo uno de cada tres pesos disponibles para infraestructura hídrica, mientras el saldo restante se derivó hacia colocaciones e inversiones financieras del Estado.
El estado de los principales proyectos
Del esquema general de intervenciones, la única obra terminada en este período consistió en la construcción de sumideros en el municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz. Por su parte, 13 proyectos sufrieron la rescisión formal de sus contratos y otros 2 permanecen bajo la figura legal de “neutralización”, con plazos procesales congelados.
Entre los proyectos más relevantes afectados por este freno se encuentra el Tramo 4 de la ampliación de la cuenca del Río Salado, fundamental para evitar que desbordes fluviales dejen bajo el agua cientos de miles de hectáreas agrícolas. Aunque la obra se reactivó parcialmente entre fines de 2025 y principios de 2026, los informes presentados ante el Congreso reflejan que durante 2024 y buena parte de 2025 estuvo prácticamente detenida, acumulando avances menores al 2% en varios subtramos.
La parálisis también alcanzó al interior profundo con la suspensión de la construcción del acueducto San Javier, en Santa Fe —un tendido de 330 kilómetros diseñado para garantizar agua potable a 124 mil habitantes de 14 localidades—, la cancelación de desagües pluviales en populosos distritos metropolitanos y la anulación del entubado del Canal Islas Malvinas en Río Grande, Tierra del Fuego.