Los gobernadores comenzaron a delinear sus estrategias para las elecciones de 2027 y la mayoría se inclina por desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.
La apuesta busca provincializar el debate, despegarse de la disputa presidencial y reducir el impacto del crecimiento de La Libertad Avanza en los distritos. En ese escenario, mayo aparece como el mes preferido para convocar a las urnas.
La definición del calendario electoral, sin embargo, depende de una decisión clave del Congreso: el futuro de las PASO y de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional. Esa incertidumbre condiciona a varias provincias, donde los mandatarios esperan conocer las reglas de juego antes de oficializar las fechas.
En el norte del país, Tucumán, Jujuy y Misiones ya trabajan con la posibilidad de votar entre mayo y junio de 2027. Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Hugo Passalacqua aparecen entre los gobernadores que buscan consolidar sus proyectos de reelección mientras observan el avance de los armados libertarios, que preparan candidatos propios para disputar el poder territorial.
En el centro del país también se perfilan elecciones desdobladas. Córdoba y Santa Fe prevén separar sus comicios de los nacionales, con Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro como posibles candidatos a la reelección. Ambos oficialismos consideran que un calendario propio les permitiría fortalecer sus gestiones y evitar que la elección quede nacionalizada.
En la Patagonia todavía no existe una definición uniforme. Río Negro analiza votar en abril, Neuquén evalúa agosto y Santa Cruz mantiene el calendario en estudio a la espera de avances legislativos. En contraste, provincias como Catamarca, La Rioja y posiblemente Entre Ríos podrían mantener sus elecciones junto con las presidenciales.
La tendencia general muestra que los gobernadores con aspiraciones reeleccionistas y control político en sus provincias buscan adelantar los comicios para fortalecer sus chances. No obstante, las decisiones finales dependerán de la definición sobre las PASO, la eventual reforma electoral y otras herramientas que el Gobierno nacional evalúa incorporar al sistema electoral.