El máximo tribunal del país desestimó el último recurso presentado por la defensa del exmagistrado de Familia y Sucesiones. Los jueces consideraron que la agresión al cadete afectó de forma directa la confianza pública en el Poder Judicial tucumano.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la destitución de Orlando Velio Stoyanoff Isas, ex titular del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV Nominación del Centro Judicial Capital. Con esta resolución, la máxima instancia judicial del país dio por cerrado el proceso contra el exmagistrado, quien protagonizó un violento altercado callejero en junio de 2021 sobre la avenida Aconquija.
El episodio que derivó en su remoción ocurrió en la intersección de avenida Aconquija y Rubén Darío, en la ciudad de Yerba Buena. En aquella oportunidad, una discusión de tránsito culminó con una agresión física por parte de Stoyanoff Isas hacia un repartidor de 20 años, a quien le propinó un golpe y le arrojó la motocicleta al asfalto. Las imágenes, registradas por vecinos y transeúntes de la zona, tomaron estado público de inmediato y generaron un fuerte repudio tanto en la opinión pública como en los ámbitos institucionales de la provincia.
A partir de la repercusión de los hechos, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) y el Colegio de Abogados de Tucumán impulsaron el pedido de juicio político en la Legislatura provincial. En noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió su destitución por unanimidad, argumentando una evidente falta de decoro y conducta impropia para la investidura que representaba, lo que comprometió gravemente el prestigio del servicio de justicia.
Tras el rechazo de los recursos locales interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la defensa del exjuez recurrió en queja a la Corte nacional alegando la vulneración de garantías constitucionales. Sin embargo, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos y validaron la decisión adoptada en el ámbito provincial.
En los considerandos del fallo, los magistrados nacionales subrayaron que la remoción de un juez provincial responde a un mecanismo de naturaleza política y que en este caso se cumplieron debidamente las reglas del debido proceso, el derecho a defensa y la presentación de pruebas. Asimismo, remarcaron que el propio imputado admitió su accionar violento y pidió disculpas públicas en su momento, lo cual descarta que el hecho pueda ser catalogado como una falta menor o insignificante frente a la idoneidad exigida para el ejercicio de la magistratura.
Con este pronunciamiento, se agotaron todas las vías recursivas y concluye de manera formal el proceso disciplinario, ratificando la pérdida del cargo para el exfuncionario.