El presunto jefe narco tucumano esperaba la colocación de una tobillera para dejar el penal, pero la Justicia de Jujuy le dictó prisión preventiva por un cargamento millonario. El juez José Manuel Díaz Vélez anuló el beneficio por riesgo de fuga y ahora analizan trasladarlo a una cárcel de Buenos Aires.
El tablero judicial de Javier “Chuky” Casanova, considerado por investigadores y fuerzas de seguridad como uno de los nombres de mayor peso en la estructura del narcotráfico local, se desmoronó por completo en cuestión de horas. De encontrarse a la espera de un dispositivo electrónico para gozar de arresto domiciliario en su vivienda, el imputado pasó a quedar recluido en una celda común y aguarda un cupo penitenciario para ser trasladado fuera de Tucumán, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
El factor determinante para este vuelco provino de los tribunales federales de Jujuy. Un magistrado de esa jurisdicción resolvió procesar a Casanova y dictarle 30 días de prisión preventiva en el marco de un expediente donde se investiga el decomiso de un cargamento de 50 kilos de cocaína. Las pesquisas sostienen que ese cargamento proveniente de la frontera norte tenía como destino final la red de distribución operada por el tucumano. Ante este nuevo frente probatorio, el juez federal local José Manuel Díaz Vélez, con el dictamen favorable del fiscal Rafael Vehils Ruiz, dejó sin efecto de inmediato la morigeración de la pena concedida días atrás, al concluir que el peligro de fuga creció de forma sustancial.
La causa arrastra un recorrido denso y sinuoso en el Palacio de Tribunales. En primera instancia, el fiscal provincial de Narcomenudeo, José Sanjuán, imputó a Casanova por comercialización minorista de estupefacientes. Sin embargo, al constatar que las pruebas apuntaban a un esquema logístico de gran porte que excedía el menudeo barrial, declinó la competencia y giró las actuaciones al fuero federal de calle Las Piedras.
Allí, el fiscal Vehils Ruiz impulsó la acusación por narcotráfico y lavado de activos. Si bien el juez Díaz Vélez dictó el procesamiento por tráfico de estupefacientes, resolvió una falta de mérito transitoria respecto a las maniobras de lavado, determinación que fue apelada por la defensa técnica del detenido y permanece bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones.
A fines de julio, el expediente pareció encaminarse a una resolución exprés mediante un juicio abreviado. Casanova reconoció ser el dueño del estupefaciente y aceptó una pena de tres años de prisión efectiva —un monto inusualmente bajo para este tipo de delitos federales—, más una donación de dos millones de pesos destinada a un hospital público tucumano y el decomiso definitivo de bienes tasados en más de 150.000 dólares. Entre los activos que pasarían a manos estatales figuraban una camioneta Ford Raptor, dos motos de alta gama y otro automóvil particular. Sin embargo, el acuerdo quedó congelado en el despacho del juez Díaz Vélez, quien supeditó su remisión al Tribunal Oral Federal hasta tanto la Cámara resuelva las impugnaciones de la defensa.
En paralelo, los letrados de Casanova pidieron el cese de la preventiva por agotamiento de la etapa de instrucción. Aunque la fiscalía denegó la excarcelación lisa y llana, prestó conformidad para que cumpla el encierro preventivo en su domicilio, supeditado a la provisión de una tobillera electrónica.
Fue en ese lapso de espera donde se encendieron las alarmas institucionales. Personal del Servicio Penitenciario tramitó de urgencia una orden para trasladar a Casanova al Hospital Avellaneda por un presunto cuadro prostático. De manera llamativa, la solicitud no se canalizó a través del juez natural de la causa en el fuero federal, sino ante la jueza provincial Ana María Iácono, quien estampó su firma. Díaz Vélez detectó la anomalía procesal a tiempo y frenó el operativo de salida antes de que se hiciera efectivo.
Para los pesquisas de las fuerzas federales, aquella maniobra hospitalaria frustrada, sumada a los antecedentes de una salida irregular de 12 horas que el detenido habría gozado el año anterior, alimentaron fundadas sospechas sobre complicidades penitenciarias internas y un inminente plan de fuga. Casanova ya estaba al tanto de que en Jujuy regía una orden de captura reservada en su contra desde el 1 de abril por el transporte de los 50 kilos.
Con la orden del magistrado jujeño de derivarlo de inmediato a una prisión de máxima seguridad, y ante la saturación crónica de plazas en las unidades penitenciarias federales del Noroeste Argentino (NOA), los funcionarios del área de seguridad evalúan su traslado a un complejo penitenciario de la provincia de Buenos Aires, donde quedará confinado mientras se definen sus múltiples frentes procesales.