El Ejecutivo nacional publicó en el Boletín Oficial normas que agilizan investigaciones a firmas que operen sin autorización en el Atlántico Sur, restringen su acceso al RIGI y refuerzan fondos para equipamiento de Defensa. La próxima semana girará un paquete integral que prevé penas más severas, juicios en ausencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha formalmente la batería de medidas administrativas y diplomáticas anunciadas por cadena nacional en torno a la Causa Malvinas. Este viernes, el Boletín Oficial formalizó dos decretos centrales destinados a frenar la exploración hidrocarburífera unilateral en la Cuenca Malvinas Norte y a fortalecer la presencia logística y militar del país en el Atlántico Sur, como paso previo al envío de un proyecto de ley integral que ingresará al Congreso en los próximos días.
La causa por las Islas Malvinas posee un arraigo transversal que interpela a todo el arco político y social argentino, con particular resonancia en el interior del país y en Tucumán, donde la comunidad honra permanentemente la memoria de los caídos y a sus veteranos de guerra. Por ello, las determinaciones emanadas desde Casa Rosada abren un nuevo capítulo en el resguardo de los recursos naturales que pertenecen legítimamente al patrimonio de la Nación.
A través del Decreto 868/2026, la administración central designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como la única autoridad de aplicación de la Ley 26.659. La normativa fija un circuito administrativo sumarísimo: cualquier dependencia pública estará obligada a denunciar presuntas infracciones en un plazo perentorio de cinco días hábiles. Iniciado el sumario, las empresas investigadas contarán con solo diez días para ensayar su descargo técnico-jurídico.
Asimismo, se impusieron nuevos filtros para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a concesiones hidrocarburíferas en el territorio continental y plataforma: las compañías interesadas deberán firmar declaraciones juradas certificando que ni ellas ni sus firmas socias realizan o colaboran con extracciones no autorizadas por la República Argentina en los archipiélagos usurpados, requiriendo un dictamen previo de Cancillería para habilitar sus radicaciones.
De forma complementaria, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026 readecuó las partidas presupuestarias de este año para robustecer áreas sensibles del Estado. La norma inyecta recursos extraordinarios en materia de inteligencia del Estado, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Ministerio de Defensa.
En este último rubro, las erogaciones están destinadas prioritariamente a financiar dos frentes operacionales estratégicos: el desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego —clave para la proyección logística hacia el continente blanco y el control del tráfico marítimo austral— y la ampliación de capacidades en telecomunicaciones, radares y ciberdefensa. La medida, que rige con fuerza de ley a partir de hoy, será girada a la Comisión Bicameral Permanente para su análisis de rigor constitucional.
El núcleo legislativo de mayor peso se plasmará la próxima semana, cuando la Casa Rosada remita formalmente al Parlamento el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo unificará en un solo cuerpo normativo el endurecimiento punitivo y el esquema de Seguridad Nacional. La iniciativa propondrá modificar la Ley 26.659 para elevar escalas penales, alcanzar a empresas subcontratistas y proveedoras de servicios logísticos que auxilien las exploraciones británicas, y prohibirles la firma de contratos comerciales tanto con el sector público como con privados en suelo argentino.
Además, el texto contemplará la figura del juicio en ausencia para responsables corporativos extranjeros y extenderá el castigo a toda actividad que deprede la fauna ictícola y minerales en los espacios marítimos circundantes a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, apuntando directamente a frenar las operaciones asociadas al proyecto petrolero Sea Lion.
Como estructura de fondo, se creará un Consejo de Seguridad Nacional integrado por Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía. Este organismo definirá políticas transversales para la protección de infraestructura crítica, vigilancia aeroespacial y habilitación de represalias económicas hacia entidades foráneas consideradas lesivas para los intereses territoriales del país. El oficialismo confía en que el reclamo de soberanía permita sumar el acompañamiento de legisladores provinciales en ambas cámaras antes de que concluya el período ordinario.