Causa “Las Pirámides”: procesan sin prisión preventiva a padre e hijo por el loteo ilegal en terrenos de la UNT en San Javier

El juez federal Guillermo Díaz Martínez dictó los procesamientos y millonarios embargos contra Próspero Marcelo Sosa y su hijo Marcio. La investigación constató un crecimiento exponencial de construcciones y desmontes en pleno corazón del Parque Sierra de San Javier.

La tensión por el control y la preservación del patrimonio universitario en las yungas sumó un hito judicial de alto voltaje. El juez federal Guillermo Díaz Martínez dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Próspero Marcelo Sosa y de su hijo Marcio, en el marco de la causa que investiga el desarrollo del polémico emprendimiento inmobiliario “Las Pirámides”, instalado de manera irregular en tierras pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en la villa veraniega de San Javier.

La resolución judicial, además de desvincular temporalmente a los imputados de una privación de libertad inmediata, dispuso embargos preventivos de $500 millones sobre los bienes del padre y de $200 millones sobre los del hijo, evidenciando la magnitud económica de las maniobras investigadas en la zona protegida.

Un avance inmobiliario a espaldas de la ley

De acuerdo con el expediente impulsado por el fiscal federal Agustín Chit, el predio objeto de la litis se encuentra ubicado en el kilómetro 28 de la ruta provincial 338, dentro del sector sur del Parque Sierra de San Javier, un territorio que pertenece formalmente a la UNT desde el año 1948. La investigación se focalizó en las operaciones de loteo, comercialización de terrenos e intervenciones clandestinas desarrolladas en el área durante el período comprendido entre 2019 y 2024.

Uno de los ejes más contundentes del fallo radica en la constatación del crecimiento descontrolado de las estructuras habitacionales sobre el suelo protegido. Las inspecciones judiciales y los relevamientos aerofotogramétricos documentaron una progresión alarmante:

• Abril de 2019: Se registraron 25 viviendas terminadas y una en plena ejecución.
• Abril de 2022: El número trepó a 21 nuevas unidades y se detectó un desmonte de gran magnitud.
• Abril de 2024: El conteo oficial contabilizó 54 viviendas.
• Junio de 2024: Un relevamiento georreferenciado posterior elevó la cifra a 70 construcciones consolidadas.

Para fundamentar los procesamientos, el magistrado valoró un riguroso plexo probatorio que incluyó informes técnicos de la propia UNT, Catastro, el Renaper, EDET y el Enacom, además de constataciones presenciales, análisis de datos bancarios, publicaciones en redes sociales y documentación respaldatoria de operaciones comerciales.

Estelionato, desmonte y rechazo de planteos defensivos

En el plano legal, Próspero Sosa fue procesado como presunto autor de usurpación mediante despojo, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. Por su parte, a su hijo Marcio se le endilgó una participación secundaria en los delitos de usurpación y daños.

La investigación logró acreditar la firma de al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. Lo gravísimo del caso es que al menos 12 de esas operaciones comerciales se concretaron con posterioridad al 3 de diciembre de 2018, fecha en la que la Justicia ya había dictado una medida cautelar que prohibía de manera expresa nuevas construcciones, venta de lotes, talas e intervenciones en el sector. Vale recordar que el incumplimiento de aquella manda judicial ya le valió a Próspero Sosa una condena firme a un año de prisión en suspenso y una multa de $30 millones dictada en diciembre de 2024.

Durante el proceso, la defensa intentó frenar la nueva acusación invocando el principio de “cosa juzgada”, aludiendo a un viejo expediente sobreseído por prescripción en 2008. Sin embargo, Díaz Martínez rechazó el planteo al subrayar que el emprendimiento “Las Pirámides” no existía en aquella época y que los desmontes, ventas y edificaciones actuales constituyen hechos post 2019 totalmente autónomos. Asimismo, el tribunal desestimó la coartada de una supuesta posesión hereditaria, recordando que Catastro ya había rechazado un plano similar en 2009 y que los imputados carecían de título dominial legítimo.

Finalmente, en cuanto al daño agravado ambiental, las inspecciones confirmaron graves afectaciones a la morfología del área protegida, caracterizadas por tala indiscriminada, apertura informal de caminos y movimientos de suelo que alteraron de forma irreversible el ecosistema de las sierras tucumanas.