Gobierno nacional toma distancia de la situación judicial de Manuel Adorni: “Esperaremos a que la Justicia hable”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó que la administración central no emitirá opiniones sobre el exfuncionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, la defensa presentó un extenso escrito de 78 páginas para intentar justificar su patrimonio en los estrados.

La tensión en torno a los funcionarios y exintegrantes de la administración libertaria sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el Gobierno nacional decidiera adoptar una postura de absoluta prescindencia frente al frente judicial que atraviesa el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier fue tajante al ser consultado sobre el futuro institucional del exfuncionario y los alcances del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II. “Manuel Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a su situación está en manos de la Justicia. No vamos a agregar más información, en todo caso esperaremos que la Justicia hable”, sentenció el funcionario, despegando los debates legislativos de la causa penal en curso.

El descargo ante la fiscalía

La reacción oficial se produce en simultáneo con los movimientos judiciales del propio Adorni, quien a través de su abogado defensor, Matías Ledesma, presentó un escrito de 78 páginas ante los requerimientos del fiscal Gerardo Pollicita. En el documento, el exfuncionario buscó refutar las inconsistencias patrimoniales detectadas tras su paso por la función pública entre diciembre de 2023 y junio de este año.

Frente a la lupa de los tribunales por una brecha superior a los 43 millones de pesos entre sus ingresos y gastos relevados junto a su esposa, la defensa argumentó que se trata de una “brecha residual” y no de una desproporción manifiesta, detallando el destino de los fondos en operaciones inmobiliarias y refacciones en el barrio cerrado Indio Cuá.

Para los lectores de San Miguel de Tucumán que siguen de cerca el pulso de la política nacional y los debates sobre transparencia institucional, el caso reabre la discusión sobre los controles de rendición de cuentas en la alta esfera del poder político, un tema que impacta con fuerza en la agenda pública de los medios digitales.