La Justicia impuso una multa diaria al Gobierno nacional por incumplir la cautelar sobre el financiamiento universitario en el marco de la escalada del conflicto presupuestario.

La tensión institucional entre el Poder Ejecutivo Nacional y el sistema de educación superior pública sumó un nuevo capítulo de carácter judicial al confirmarse la imposición de una multa diaria contra el Gobierno por el presunto incumplimiento sistemático de resoluciones vinculadas a las partidas presupuestarias. La medida fue comunicada en las últimas horas por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal, en el marco de los reclamos impulsados por federaciones docentes y estudiantiles que exigen la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en sucesivas oportunidades por el parlamento nacional.

Los representantes legales de los sectores afectados argumentan que la retención de fondos operativos pone en serio riesgo la continuidad de las actividades académicas, de investigación científica y de asistencia en los hospitales escuela universitarios de todo el país. Por su parte, equipos jurídicos del Estado nacional adelantaron que apelarán la sanción pecuniaria impuesta por los estrados judiciales, defendiendo la legalidad de las medidas adoptadas bajo el riguroso esquema de disciplina fiscal y reordenamiento de las cuentas públicas que impulsa la administración central.

Este nuevo foco de fricción se enmarca en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada hacia el Congreso de la Nación, donde la comunidad académica buscará visibilizar la acuciante situación salarial y presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios en las distintas provincias argentinas, generando un debate nacional sobre el rol de la educación pública.