La reforma laboral se encamina a retomar su debate en el Congreso en un clima de negociaciones intensas y fuertes resistencias. Mientras el Gobierno busca consolidar apoyos legislativos, la CGT y varios gobernadores mantienen objeciones sobre artículos que, advierten, afectan derechos sindicales, el empleo y las finanzas provinciales. Desde la publicación del proyecto, los gremios encendieron señales de alerta y anticiparon un escenario de conflicto.
El mayor rechazo sindical se concentra en los cambios que limitan la actividad gremial. La iniciativa amplía la categoría de servicios “esenciales”, obligándolos a garantizar hasta el 75% de su funcionamiento durante protestas, y crea la figura de actividades “de importancia trascendental” con un piso del 50%, lo que reduce el impacto de huelgas y medidas de fuerza. También exige autorización previa para asambleas, elimina el pago de salarios durante esas instancias y modifica el esquema de retención de cuotas sindicales, además de suprimir la ultraactividad de los convenios colectivos y cambiar el cálculo de indemnizaciones.
Los gobernadores, en tanto, muestran una postura más matizada, pero con reparos concretos. Desde distintas provincias reconocen la necesidad de una modernización laboral, especialmente para favorecer a las pymes y reducir la informalidad, aunque reclaman discutir punto por punto y sin apuros. En Catamarca, sin embargo, el rechazo es más duro: legisladores provinciales advirtieron que el proyecto genera impactos fiscales y productivos negativos, debilita derechos laborales y profundiza asimetrías regionales.
A estas tensiones se suma el costo fiscal de los cambios tributarios incluidos en la reforma, en particular en el impuesto a las Ganancias. Según el IARAF, el impacto inicial ronda el 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones anuales, de los cuales $1,12 billones afectarían a provincias y CABA. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba figuran entre las jurisdicciones más perjudicadas, un dato que refuerza la cautela de los mandatarios provinciales y anticipa un debate parlamentario complejo.