Autorizan la compra de la Escuela Gabriela Mistral por hasta $800 millones: las condiciones impuestas

Con el respaldo de la oposición, el cuerpo municipal aprobó la adquisición de los cuatro inmuebles donde funciona la tradicional institución educativa de la capital. La operación contempla un tope de $800 millones, tasación oficial y el uso exclusivo para las aulas, cerrando así un largo conflicto judicial.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves la autorización para que la Municipalidad concrete la compra de los cuatro inmuebles donde funciona históricamente la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral. La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendenta Rossana Chahla, logró un amplio consenso legislativo luego de que se incorporaran modificaciones clave exigidas por distintos bloques de la oposición para garantizar la transparencia y la prudencia en el uso de los fondos públicos.

La ordenanza aprobada establece un marco riguroso para la operación inmobiliaria. Entre los puntos centrales, se fijó un límite presupuestario que estipula que el municipio no podrá pagar más de $800 millones por los edificios, ubicados estratégicamente en Juan José Paso 169 y 171, Mendoza 2176 y el pasaje Roma 174. Asimismo, el texto exige la intervención obligatoria de los organismos técnicos provinciales para realizar una tasación oficial que respalde el valor de mercado, e impone como condición ineludible que los inmuebles se destinen exclusivamente a la actividad educativa, prohibiendo cualquier cambio de destino futuro sin una nueva autorización del cuerpo deliberativo.

Desde la oposición, el concejal radical Gustavo Cobos destacó la necesidad de ponerle un freno al proyecto original. “Era necesario incorporar cuánto es el monto máximo autorizado para poder gastar, porque no puede ser un cheque en blanco”, advirtió al fundamentar la postura que permitió destrabar el expediente y contemplar el principio de acuerdo que el Ejecutivo mantenía con la cooperativa propietaria. Por su parte, el presidente del Concejo, Fernando Juri, remarcó la importancia de priorizar a la comunidad educativa: “Tenemos el pedido formal tanto del municipio como de los padres que integran la comunidad; hemos creído conveniente y necesario aprobar este proyecto para llevar tranquilidad a las familias y asegurar que las puertas vuelvan a abrirse en el próximo ciclo lectivo”.

Esta salida administrativa llega tras un desgaste institucional y judicial prolongado. En noviembre de 2024, el municipio había intentado la vía de la expropiación mediante una ordenanza que fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, un revés que ratificó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en mayo de 2026. Al caerse la herramienta expropiatoria, la administración central debió reconducir la estrategia hacia la compraventa directa para evitar el desalojo de los alumnos. Con la luz verde del Concejo, la Municipalidad quedó ahora facultada para ultimar los trámites legales, la escrituración definitiva y consolidar la tan ansiada estabilidad de la escuela en el corazón de la capital.