Tensión judicial en Tucumán: denuncian amenazas cruzadas y un abogado abandona el debate por el crimen de Érika Álvarez

El defensor del principal acusado en el juicio por el homicidio de Érika Antonella Álvarez se retiró sorpresivamente de la sala tras advertir intimidaciones. En paralelo, la querella de Justina Gordillo también reportó presiones contra su entorno familiar, en un proceso atravesado por sombras de narcotráfico y estrictas medidas de aislamiento carcelario.

La cuarta jornada del juicio oral y público por el crimen de Érika Antonella Álvarez se convirtió en el escenario de un escándalo procesal en San Miguel de Tucumán. Marcelo Cosiansi, abogado defensor de Felipe “El Militar” Sosa —uno de los principales implicados—, protagonizó un abrupto abandono de la sala de audiencias luego de denunciar públicamente que su representado es blanco de constantes intimidaciones destinadas a silenciarlo en el debate.

El episodio generó desconcierto e inmediata preocupación entre los magistrados y fiscales presentes en el recinto. Sin embargo, la tensión no se limitó al entorno de Sosa: en simultáneo, la defensa de Justina Gordillo formalizó otra presentación ante el Ministerio Público Fiscal advirtiendo sobre graves amenazas sufridas tanto por la imputada como por sus familiares directos. Hasta el momento, las fuentes oficiales evitaron confirmar si ambos hechos guardan conexión directa, aunque en los pasillos de Tribunales retumban con fuerza las viejas hipótesis que vinculan el trasfondo de la causa con operaciones del narcotráfico en la provincia.

El trasfondo carcelario de Sosa también dominó la atención de la jornada. Durante las audiencias previas, el acusado había manifestado su firme intención de declarar ante el tribunal, aunque a último momento optó por guardar silencio tras sufrir un cuadro de descompensación. Ante el requerimiento de asistencia, Matías Martínez, enfermero del servicio de emergencias 107, examinó al detenido y determinó que sus signos vitales se encontraban estables, descartando impedimentos físicos para continuar en el debate.

No obstante, Cosiansi justificó el desgaste físico y psicológico de su cliente atribuyéndolo a las rigurosas condiciones de su encierro en el penal provincial. Según el letrado, Sosa permanece aislado desde hace nueve meses, confinado durante 23 horas diarias en una celda de máxima seguridad, una situación que —según la defensa— vulnera sus garantías básicas y deteriora su salud mental.

Pese a la gravedad de los acontecimientos, la Cámara no suspendió el debate y las audiencias avanzaron conforme al cronograma establecido. En los próximos días se aguarda una resolución de los magistrados respecto a la solicitud de medidas de custodia especial y el rol formal que asumirán los letrados tras los incidentes. La sombra de la impunidad y la presión externa continúan acechando uno de los juicios más sensibles del año en suelo tucumano.