La imputada se hacía pasar por abogada y gestora con supuestos contactos en la Legislatura y gremios provinciales. El Ministerio Público Fiscal acreditó cuatro hechos con un perjuicio que supera los $14 millones. Cumplirá arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El sueño del techo propio se convirtió en una pesadilla económica para al menos cuatro familias tucumanas. La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, liderada por Diego Alejo López Ávila, formalizó la acusación contra una mujer señalada como responsable de una serie de maniobras fraudulentas reiteradas entre 2022 y agosto de 2026. Según la investigación, la acusada utilizaba identidades falsas e invocaba supuestas influencias directas en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), la Legislatura provincial y organizaciones sindicales para exigir sumas millonarias por adelantado.
Durante la audiencia judicial, el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto detalló el modus operandi de la imputada, quien ofrecía casas en sectores codiciados de la periferia y el Gran San Miguel de Tucumán, principalmente en Manantial Sur y la comuna de San Andrés. Tras cobrar los anticipos, la mujer postergaba las entregas con pretextos administrativos constantes. Tras convalidarse la legalidad de su aprehensión y reformularse los cargos, el juez de la causa ordenó la prisión preventiva por 45 días, aunque concedió que la medida se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario con dispositivo de monitoreo electrónico.
El desglose de los cuatro hechos investigados
Las actuaciones fiscales permitieron reconstruir una cronología delictiva de casi cuatro años:
- Primer hecho (Fines de 2022): La sospechosa se presentó ante su primera víctima denunciante como gestora con presuntas conexiones políticas en el IPV y la Legislatura de Tucumán. Prometió la entrega inmediata de una casa en San Andrés a cambio de pagos anticipados. Tras meses de evasivas y justificaciones sobre demoras burocráticas, la operación nunca se concretó, generando un perjuicio de $3.150.000.
- Segundo hecho (10 de noviembre de 2023): Modificando su perfil, la imputada aseguró ser abogada del gremio UPCN y empleada legislativa. Coordinó un encuentro en un concurrido bar de avenida Sarmiento, entre Junín y Maipú, en la capital tucumana. Allí solicitó $2.200.000 para la seña de un terreno en Manantial Sur y $40.000 adicionales para gastos de escribanía. La entrega tampoco se realizó, acumulando un desfalco atribuido de $1.945.300.
- Tercer hecho (23 de abril de 2026): Presentándose nuevamente como abogada especialista en “recupero de inmuebles” del IPV, ofreció a otra persona una propiedad en Manantial Sur por un monto total de $4.180.000. La víctima transfirió el dinero solicitado, pero al momento de exigir la posesión del inmueble, solo recibió excusas.
- Cuarto hecho (Agosto de 2026): La maniobra más reciente inició el 10 de agosto durante un viaje en Uber. La acusada convenció al chofer de tener vínculos con la CGT y acceso a carpetas de viviendas recuperadas. El conductor contactó a sus familiares y se pactó una primera reunión en la estación de servicio YPF ubicada en avenida Belgrano y Bulnes. Allí cobró $150.000 por el “armado de carpeta”. Al día siguiente, en un café de Maipú al 50, recibió $5.000.000 bajo la promesa de una entrega en 30 días, además de exigir transferencias bancarias adicionales a la cuenta de su hija, totalizando un fraude de $5.450.000.
La Justicia tucumana no descarta la existencia de más damnificados que hayan caído en esta modalidad delictiva en otros puntos de la provincia. Mientras la fiscalía continúa recolectando pruebas bancarias y testimonios, la imputada permanece vigilada por el sistema penitenciario provincial desde su domicilio.