Alivio financiero en la mira: la Legislatura tucumana analiza planes para asistir a más de 257.000 deudores morosos

Ante un incumplimiento que roza el 19% en la provincia, legisladores de distintos espacios y organizaciones sociales impulsan iniciativas que van desde créditos a tasa cero y límites en los descuentos salariales hasta regímenes de mediación. El debate busca trascender al sector público e integrar también a trabajadores privados, monotributistas y jubilados.

El severo impacto de la inflación y la retracción del poder adquisitivo dejaron una huella profunda en los hogares tucumanos, donde más de 257.000 familias registran hoy deudas en situación irregular. Con un nivel de morosidad que se ubica cerca del 19% —por encima del promedio nacional, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)—, el problema escaló al centro de la agenda parlamentaria, obligando a los legisladores a evaluar un abanico de iniciativas destinadas a descomprimir la crisis financiera de los consumidores.

Si bien se especulaba con incorporar alguna de las propuestas a la sesión prevista para el próximo 30 de septiembre, fuentes legislativas señalaron que el debate central podría trasladarse al plenario del 8 de octubre. El objetivo de postergar la discusión es lograr un consenso amplio que permita diseñar una solución estructural, capaz de alcanzar no sólo a los empleados de la administración pública provincial —el sector inicialmente más apuntado—, sino también a trabajadores del ámbito privado, monotributistas, autónomos y jubilados.

El abanico de proyectos incluye medidas concretas de intervención sobre el sistema financiero y crediticio local. Entre las propuestas presentadas por referentes de diferentes bloques figuran esquemas de financiamiento a tasa cero para cancelar saldos de tarjetas de crédito del Banco Macro —agente financiero provincial— y topes estrictos que impiden que los descuentos por planilla superen entre el 25% y el 30% del salario neto, preservando así el carácter alimentario de los ingresos familiares.

Otras iniciativas de mayor alcance, como el programa propuesto desde distintos sectores, plantean la creación de líneas de crédito preferenciales con tasas nominales anuales limitadas al 35% para unificar deudas previas, acompañadas por asistencia interdisciplinaria y campañas de educación financiera. A esto se suman los proyectos impulsados por entidades de defensa del consumidor, que proponen instaurar un procedimiento administrativo gratuito de reestructuración de deudas y descentralizar la atención estatal mediante una red de puntos de asistencia en los 19 municipios y las 93 comunas rurales de Tucumán.

El desafío que enfrenta la Legislatura trasciende la simple refinanciación de pasivos vencidos. La discusión expone la urgencia de establecer reglas claras sobre el costo del endeudamiento y los límites del sistema financiero frente a una sociedad que, acorralada por la suba del costo de vida, recurre cada vez más al crédito para cubrir consumos esenciales como los alimentos.