Javier Milei, continúa su estrategia política de confrontación contra el Congreso y los gobernadores tras el traspié que implicó no poder aprobar la Ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos.

Durante la semana, expulsó su furia en las redes sociales con ataques directos a mandatarios provinciales y legisladores por considerarlos “traidores” y “delincuentes”. Esas diatribas prepararon el terreno para la declaración formal de guerra: el Gobierno dio a conocer el jueves la decisión de eliminar el Fondo Compensatorio del Interior que era destinado para subsidiar las tarifas del transporte público en las provincias. La medida puso en alerta a los gobernadores.

Ese fondo contemplaba unos $102.000 millones. Sin la Ley Ómnibus, el Gobierno decidió avanzar en la meta de déficit fiscal serio mediante recortes a fideicomisos y partidas presupuestarias destinadas a las provincia. Según analizan los mandatarios provinciales, se trata de una embestida que busca garantizar el equilibrio fiscal nacional a costa de desequilibrar a las provincias. Detrás de la medida económica existe una intención política de acorralar a los gobernadores para que cedan sus presiones y acompañen a sobre cerrado el programa económico de Milei.

A su vez, los gobernadores del interior analizan que la medida de Milei tiene un sesgo unitario, al excluir de la decisión al Área Metropolitana de Buenos Aires. Según se pudo conocer a través de Presupuesto Abierto, y en diálogo con las provincias, el Gobierno nacional destina actualmente $88 mil millones en subsidios mensuales al AMBA sólo por colectivos. Esa cifra no incluye subtes ni trenes, medios de transporte que prácticamente no hay en el interior (el tren no llega a todas las ciudades). En cambio, a todo el interior, el Estado le giró en el último trimestre alrededor de $11 mil 500 millones por mes.

Conforme la última devaluación que dispuso el Gobierno nacional en diciembre último, que llevó el dólar oficial a $800, y al crecimiento de la inflación, en las provincias estiman que la cifra por subsidios al transporte se iría a iría a $150 mil millones por mes para el AMBA, mientras que para el interior sería cero. “Esto es reeditar la pelea entre unitarios y federales antes de la federalización de Buenos Aires en 1860″, renegó ante este medio un gobernador del norte.

En este escenario, algunos mandatarios ya instruyeron a sus equipos legales para evaluar alguna estrategia judicial. En Córdoba, por ejemplo, no descartan insistir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el histórico reclamo de la deuda con Nación por las Cajas de Jubilaciones. En Santa Fe no contemplan aún un escenario de judicialización, aunque señalan que el Estado nacional les debe $660 mil millones del sistema previsional.

En Chubut y en Mendoza no descartan interponer una acción cautelar ante el máximo tribunal para impedir que la Nación recorte los fondos destinados al transporte en esas provincias. De hacer lugar la Justicia, el Gobierno se vería obligado a sostener las partidas a esos distritos mientras los cortesanos analicen y resuelvan el problema de fondo.

Si bien cada provincia y cada caso es particular, con una sola provincia que obtenga el visto bueno de la Corte Suprema será suficiente como precedente para que el resto de los estados subnacionales apelen a la misma vía. La vía judicial es una posibilidad que evalúan los gobernadores si Milei no depone la confrontación contra las provincias.

A la par de los subsidios al transporte, hay 13 provincias que tienen un sistema previsional propio. En esos casos, la Anses cubre una parte del déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas. El resto de las provincias, en cambio, transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado central luego de la reforma constitucional de 1994.

Esa situación implicó numerosas demandas judiciales entre las provincias que tienen un sistema previsional propio contra la Nación. El caso de Córdoba es, posiblemente, de los más icónicos. Esa provincia estuvo en pie de guerra con la Casa Rosada durante años. Durante la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de Juan Schiaretti, ambas partes habían llegado a un principio de acuerdo. Sin embargo, los cordobeses sostienen que aún Balcarce 50 no canceló la deuda por las cajas jubilatorias y evalúa con insistir en la Corte con el mismo planteo.