El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de ley para aprobar un acuerdo con fondos acreedores y cerrar litigios vinculados al default de 2001.
La iniciativa busca dar respaldo legislativo a una negociación que permitiría desactivar uno de los conflictos judiciales aún abiertos en el exterior.
El entendimiento involucra a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, que contaban con fallos firmes contra el país. Aunque los reclamos originales rondaban los 600 millones de dólares, el acuerdo prevé un pago significativamente menor; en el caso de Bainbridge, sería de unos 67 millones de dólares, a cambio de la entrega y cancelación de los bonos en cuestión.
El acuerdo fue presentado ante la justicia de Nueva York y contempla la suspensión de las acciones judiciales en curso, incluyendo intentos de embargo sobre activos argentinos. También establece que las partes no iniciarán nuevas demandas y que los acreedores no obstaculizarán futuras operaciones financieras del país, lo que aporta mayor previsibilidad.
Con este paso, el Gobierno busca cerrar definitivamente estos reclamos, liberar al país de responsabilidades legales pendientes y reforzar la seguridad jurídica mediante el aval del Congreso. La medida se enmarca en el proceso más amplio de normalización financiera tras el default de 2001, uno de los episodios más prolongados de la historia económica argentina.