La reunión de urgencia de la CELAC, convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro con el respaldo de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, concluyó sin una declaración conjunta de condena a la captura en Estados Unidos del exdictador venezolano Nicolás Maduro. El encuentro, realizado por videoconferencia y con participación de cancilleres de los 33 países del bloque, buscaba fijar una postura unificada contra la intervención militar estadounidense, pero fracasó ante la falta de consenso.
La resistencia estuvo encabezada por Argentina, junto a Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago, que bloquearon cualquier pronunciamiento común. El canciller argentino Pablo Quirno tuvo un rol clave en la articulación de este grupo, que envió representantes de bajo nivel diplomático y se distanció de la iniciativa impulsada por Petro y los países del ALBA, como Cuba, Nicaragua y Honduras.
Mientras gobiernos como los de Colombia, Brasil, Chile, México, España y Uruguay cuestionaron públicamente el operativo ordenado por Donald Trump, fuentes diplomáticas confirmaron que el bloque de diez países prepara un comunicado alternativo para respaldar la actuación estadounidense, al considerar que permitió detener al jefe de un régimen acusado por la ONU y otros organismos internacionales de graves violaciones a los derechos humanos.
El episodio dejó al descubierto una fractura profunda en América Latina, que atraviesa gobiernos, bloques regionales e incluso transiciones políticas internas. La división ya se había manifestado en el Mercosur, con Lula rechazando una intervención militar y Javier Milei apoyando sin reservas a Trump. En la CELAC, los discursos contra Estados Unidos chocaron con la postura de quienes cuestionan la legitimidad del chavismo y responsabilizan al régimen venezolano por el colapso económico, la migración masiva y la expansión del narcotráfico en la región.