El Congreso comenzó a analizar un proyecto impulsado por Javier Milei que propone reformar el régimen de pensiones por discapacidad, con el objetivo de reforzar controles y revisar los beneficios vigentes.
Desde el Gobierno definen la iniciativa como una medida para combatir irregularidades y ordenar un sistema que creció significativamente en las últimas décadas.
El texto contempla auditorías periódicas mediante cruces de datos con organismos como ANSES y agencias de recaudación, para detectar inconsistencias médicas, laborales y socioeconómicas. También habilita la suspensión preventiva de pensiones ante posibles irregularidades mientras se revisa cada caso.
Uno de los puntos centrales es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios, quienes deberán actualizar su información en un plazo mínimo de 90 días. El incumplimiento podrá derivar en la suspensión del pago y, si no se regulariza en 60 días adicionales, en la baja definitiva del beneficio.
Además, el proyecto introduce nuevas condiciones de acceso, como la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal, y fija el monto en el 70% del haber mínimo jubilatorio. La propuesta reabre un debate sensible, con el Gobierno enfocado en ordenar el sistema y sectores sociales alertando sobre el impacto en los beneficiarios más vulnerables.