Caso Érika Álvarez: médicos descartaron un problema psíquico de “El Militar” Sosa y el debate sigue adelante

El tribunal desestimó el pedido de los abogados defensores tras certificar que el principal acusado comprende los actos procesales y está ubicado en tiempo y espacio. La querella denunció dilaciones ante el intento de instalar la hipótesis de un hecho accidental.

Las audiencias por el femicidio de Érika Antonella Álvarez ingresaron en una fase de máxima tensión en el fuero penal de San Miguel de Tucumán. En las últimas sesiones, la atención se desvió del eje probatorio directo hacia el estado de salud mental de Felipe “El Militar” Sosa, principal imputado en la causa. La estrategia de su defensa técnica, encabezada por los letrados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, buscó frenar el proceso mediante un pedido de examen médico, alegando que el acusado no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar el debate debido al desgaste del encierro carcelario y a supuestas amenazas recibidas en su lugar de detención.

Ante la solicitud, los magistrados ordenaron la intervención inmediata de peritos médicos, habilitando la presencia de un especialista de parte. Las conclusiones periciales no dejaron margen de duda: los profesionales certificaron formalmente que Sosa está plenamente ubicado en tiempo y espacio, conservando intacta su capacidad para discernir la criminalidad de los hechos imputados. El dictamen descartó cualquier causal de inimputabilidad o patología sobreviniente que justifique suspender las audiencias, conforme a lo establecido taxativamente por el Código Procesal Penal de la provincia.

La resolución pericial desató un fuerte cruce con la querella, a cargo del abogado Carlos Garmendia, quien cuestionó con dureza el planteo defensivo y lo señaló como una táctica deliberada para demorar la marcha del proceso y acondicionar un relato exculpatorio. La línea sostenida por los defensores apunta a que la muerte de la joven se produjo en circunstancias accidentales y que Sosa habría ocultado el cuerpo únicamente por temor a represalias de una expareja de la víctima.

Al cruce de esa hipótesis, Garmendia fue tajante: “Pretendieron hacer creer que tiene problemas para estar en el juicio. El informe de los médicos que lo atendieron es categórico: no tiene ningún problema. Fin de la discusión”. Fuentes de la sala de audiencias confirmaron que, lejos de exhibir señales de desorientación o desconexión con el entorno, a Sosa se lo observó concentrado a lo largo de las testimoniales, anotando detalles y manteniendo diálogo fluido tanto con sus abogados como con Jorge “Chicho” Díaz, su colaborador imputado por encubrimiento.

En los pasillos del palacio tribunalicio de avenida Sarmiento remarcaron que el régimen procesal penal local no admite especulaciones: la suspensión de un juicio por motivos de salud mental exige la confirmación médica indubitable de un trastorno que anule la comprensión del proceso, avalada por junta médica y declarada formalmente por el tribunal. Con la intervención ratificada de profesionales del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), la Justicia despejó el planteo y ordenó la continuidad inmediata del debate que busca determinar las responsabilidades penales en el crimen que conmocionó a la provincia.