César Torres acudió a la Justicia para frenar el intento de la Junta Electoral de descartar urnas en el Sindicato de Camioneros

Tras imponerse en los comicios del gremio, el sector opositor recurrió a los tribunales para evitar que se desconozcan dos urnas clave. Desde el espacio del dirigente denuncian parcialidad administrativa y exigen transparencia absoluta para proteger la voluntad de los trabajadores.

La tensión institucional sacude por estos días al mundo sindical tucumano. El dirigente César Torres decidió judicializar el proceso electoral del Sindicato de Camioneros de Tucumán y presentó un recurso formal ante la Justicia para frenar la intención de la Junta Electoral de desestimar dos urnas correspondientes a los comicios celebrados el último domingo, un movimiento que pone en serio riesgo el resultado final de la contienda.

La presentación judicial surge como respuesta a lo que desde el sector de Torres califican como maniobras discrecionales y claros indicios de parcialidad por parte del órgano encargado de fiscalizar el comicio. La pretensión de excluir los sufragios contenidos en esas dos urnas encendió las alarmas entre los afiliados, quienes reclaman que cualquier observación o intento de anulación esté respaldado por argumentos objetivos, garantías de imparcialidad y un estricto apego a la normativa vigente.

Una disputa por la legalidad y la transparencia institucional

El conflicto escaló rápidamente más allá de una simple diferencia entre agrupaciones gremiales internas. Para los equipos legales del sector opositor, lo que se encuentra verdaderamente en juego es la legitimidad democrática y la intangibilidad de la voluntad expresada por las bases en cada lugar de votación.

“La legitimidad de cualquier resultado depende de que se contabilicen los sufragios conforme a las reglas y de que no existan decisiones arbitrarias que pongan en duda la voluntad de los trabajadores”, advirtieron desde el entorno de Torres, ratificando que no permitirán que decisiones de tinte administrativo alteren un desenlace ya definido en las urnas.

El planteo exige además la preservación inalterable de toda la documentación electoral, actas y registros físicos para evitar cualquier alteración. Mientras los tribunales competentes se abocan al análisis de la presentación para dictar una resolución, la disputa gremial mantiene en vilo al sindicalismo local, que observa con atención cómo se resolverá este delicado diferendo institucional en suelo tucumano.