El Gobierno nacional presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que lo obliga a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.
La norma, sancionada por el Congreso en 2025, garantiza partidas para universidades nacionales, actualización salarial docente y becas estudiantiles, pero fue rechazada por la Casa Rosada por considerar que pone en riesgo el equilibrio fiscal.
La decisión judicial ratificó una medida cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que declaró la emergencia en el sistema por la caída de recursos. Según el fallo, el Poder Ejecutivo debe recomponer salarios y transferencias, al considerar que el deterioro afecta derechos constitucionales como enseñar y aprender. Además, desestimó el argumento oficial de supeditar el cumplimiento de la ley a la disponibilidad de fondos.
Mientras el Ministerio de Capital Humano prepara la apelación, el Gobierno mantiene transferencias mínimas para el funcionamiento del sistema, intentando evitar un impacto permanente en el presupuesto. El conflicto escala en paralelo en las calles, con paros y protestas universitarias, y en el Congreso, donde el oficialismo busca modificar la ley, en una disputa que ahora suma un nuevo capítulo en el máximo tribunal.