El Gobierno nacional dispuso la suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública, una decisión que alcanza a todos los organismos y entidades del Sector Público Nacional bajo control estatal. La medida fue formalizada a través del decreto 934/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y se inscribe en la estrategia oficial de reducción del gasto y reordenamiento del Estado impulsada por la gestión libertaria.
La normativa establece que quedan anuladas las incorporaciones a plantas transitorias y todas las modalidades de contratación, ya sea temporal, a plazo fijo, por tiempo indeterminado, a tiempo parcial o eventual. También se incluyen los contratos por prestación de servicios de profesionales autónomos, las designaciones transitorias en planta permanente y cualquier otra forma de ingreso, exista o no relación de dependencia, con el objetivo de frenar el crecimiento de la dotación estatal.
El decreto, sin embargo, contempla excepciones específicas para áreas consideradas estratégicas. Entre ellas se encuentran la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el personal de hospitales y centros de salud, los institutos de investigación y producción, así como las contrataciones vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y al cuerpo de guardaparques nacionales. En estos casos, las incorporaciones deberán justificarse bajo criterios estrictos.
Asimismo, la norma introduce un mecanismo de reemplazo controlado a partir de 2026. Cada organismo podrá incorporar un trabajador por cada dos bajas producidas, siempre que esas salidas no provengan de retiros voluntarios ni acuerdos de desvinculación. De manera excepcional, y con intervención de la Secretaría de Hacienda, se evaluará la posibilidad de autorizar dos incorporaciones para reemplazar una vacante, en función de necesidades puntuales de gestión.
En paralelo, el Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante el decreto 942/2025. El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud y surge luego de un informe de intervención que detectó graves deficiencias en la gestión del exente, como sistemas tecnológicos fragmentados, falta de interoperabilidad y problemas en la administración del Certificado Único de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el programa Incluir Salud.