El último Informe de Expectativas Económicas de la consultora Opina Argentina expuso el deterioro en el poder adquisitivo familiar: el 48% de la población no llega a fin de mes y el 64% teme la pérdida del puesto laboral en su hogar. La retracción del consumo golpeó de lleno al esparcimiento y la compra de bienes durables.
La distancia entre las variables de la macroeconomía y la realidad cotidiana del presupuesto doméstico volvió a quedar plasmada en números oficiales. El más reciente Informe de Expectativas Económicas elaborado por la consultora Opina Argentina confirmó un marcado deterioro en el humor social: el 60% de los consultados manifestó que su situación económica personal y familiar empeorará en los próximos meses, alcanzando el nivel de pesimismo más alto registrado en los últimos años.
El estudio, realizado sobre una muestra de alcance nacional, detectó que el 48% de las familias no logra cubrir sus gastos corrientes antes de llegar al cierre de cada mes, mientras que apenas un 18% manifestó conservar alguna capacidad de ahorro mensual. En distritos del interior como San Miguel de Tucumán y las principales ciudades del norte del país, donde el peso de los servicios públicos, el transporte y la canasta básica absorben la mayor parte de los salarios promedio, esta contracción se traduce de manera inmediata en los mostradores barriales y en las galerías del microcentro comercial.
Como derivación directa del ajuste presupuestario, los hogares aplicaron recortes drásticos sobre el consumo prescindible. El 75% de los consultados declaró no haber realizado gastos en actividades recreativas o de esparcimiento (como salidas a cenar, espectáculos o paseos) durante el último mes. A la par, el 62% consideró que no es momento para la adquisición de bienes durables ni electrodomésticos, reflejando una postura defensiva que atraviesa incluso a sectores medios que respaldaron electoralmente la actual propuesta de gobierno nacional durante las elecciones de 2023.
En el ranking de inquietudes ciudadanas, se produjo un cambio estructural significativo: el desempleo se consolidó en el primer lugar de las demandas. El 36% de los encuestados ubicó a la desocupación como el principal problema a resolver, postergando a otros temas como la corrupción (32%) y la propia inflación (11%). De manera complementaria, el 64% de los participantes expresó un temor concreto ante la posibilidad de que algún integrante del núcleo familiar pierda su empleo en el corto plazo.
El sondeo también midió la percepción sobre las responsabilidades del escenario actual. En ese apartado, el 63% de los encuestados atribuyó a la administración del Gobierno nacional la principal cuota de responsabilidad por el rumbo de la crisis, mientras que las principales iniciativas legislativas de desregulación promovidas en el Congreso acumularon un rechazo social superior al 58% dentro de la muestra analizada.
La fotografía del clima social en agosto de 2026 expone que, más allá de los discursos técnicos y el ordenamiento fiscal, la estabilidad laboral y la recuperación del ingreso continúan siendo los termómetros decisivos para medir la viabilidad social del programa económico.