El juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, quedó en el centro de la escena tras dictar la prohibición de salida del país y citar a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos.
La medida, adoptada en el marco de una causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por una presunta omisión de retenciones millonarias, desató una reacción inmediata del universo futbolero: la suspensión de la actividad en todas las categorías como gesto de respaldo institucional a la conducción de la AFA.
Con trayectoria previa de quince años en la Cámara Federal de Casación Penal —donde fue relator del ex camarista Eduardo Riggi—, Amarante asumió su actual cargo en 2014 y es considerado en Tribunales como un magistrado de perfil pragmático y resoluciones firmes. En esta causa, pese a que la AFA sostiene que no existe deuda exigible y que la discusión administrativa continúa en instancia de apelación, el juez entendió que la gravedad de la pena en expectativa justificaba medidas restrictivas. La decisión, en un contexto de tensión política entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, amplificó el impacto institucional y deportivo del expediente.
El nombre del magistrado también aparece vinculado a otras investigaciones judiciales y a su aspiración de regresar a la Cámara de Casación, donde compite en un concurso para cubrir vacantes. En paralelo, la restricción migratoria impuesta a los dirigentes de la AFA tiene consecuencias concretas en la agenda internacional del fútbol argentino, al limitar su participación en compromisos oficiales en el exterior. Así, la figura de Amarante quedó atravesada por una disputa que combina aristas judiciales, políticas y deportivas, y que lo posiciona como actor central en uno de los conflictos más sensibles del año.