Las paradas de ómnibus se colmaron de pasajeros que tuvieron que hacer gala de una paciencia al límite ante la tardanza impuesta por la medida de los empresarios de recortar el servicio
La decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de reducir un 25% el servicio de ómnibus por la crisis que atraviesan no cayó bien entre las autoridades. Funcionarios provinciales y municipales sostienen que fue una decisión unilateral que los sorprendió. Y aunque se mostraron abiertos al diálogo, remarcaron que están evaluando aplicar sanciones contra las empresas concesionarias del servicio.
Los directivos de Aetat aseguraron que la situación de quebranto que enfrentan los llevó a definir “medidas extremas no deseadas” que, además de la disminución de frecuencias en los servicios, incluyen la suspensión progresiva y temporal delos trabajadores del sector.
“Están actuando de manera unilateral”, enfatizó el secretario de Transporte y Seguridad Vial de Tucumán, Vicente Nicastro, quien sostuvo que las normas vigentes determinan que los concesionarios no pueden modificar los servicios sin la autorización de la Secretaría que encabeza, que actúa como organismo de contralor. “Estamos controlando los servicios de jurisdicción provincial y, en los casos que correspondan, se labrarán las actas correspondientes y serán pasibles de sanciones”, advirtió.
Nicastro señaló que entre las sanciones que podría definir la Secretaría de Transporte están las multas, en los casos más leves, hasta el quite de concesiones, en casos más graves, y agregó que se están haciendo los relevamientos para conocer cuál es la situación en cada caso en las líneas provinciales y en base a eso se analizará cómo proceder.
El gobernador Juan Manzur por su parte, afirmó que la Casa de Gobierno cumplió con todos los aportes a los empresarios y que desde inicios de agosto se habilitó un amento del precio del boleto en un 43%. “Habrá que buscar el modo de seguir negociando”, dijo.
Sugirió así que, a diferencia de lo ocurrido en otros conflictos similares, la Provincia hizo lo que estaba a su alcance. Es más, según fuentes gubernamentales los números que maneja la Casa de Gobierno están ceñidos y hasta aquí no estarían en condiciones de hacer más desembolsos.
Nicastro agregó que la Provincia mantiene una mesa de diálogo permanente con los transportistas, por la fragilidad económica que atraviesan, por lo que se mostró sorprendido por la reducción de servicios. “Me extraña que hayan tomado una decisión unilateral. Sé y entiendo los planteos que hacen, pero no puedo decir que esté justificado. Todo se tiene que debatir y el diálogo nunca se ha cerrado de nuestra parte”, lamentó.
Y advirtió que los fondos compensatorios que reciben las empresas son aportados por la Nación y por la Provincia. “Correspondería que la Municipalidad participe”, indicó. De todos dijo desconocer por qué la Intendencia no hace aportes. “Esto viene de tiempo atrás”, dijo Nicastro, que asumió en el cargo en diciembre de 2022.
Desde el Ejecutivo municipal, en tanto, reconocieron que también están realizando análisis para determinar si corresponde o no la imposición de multas a las empresas. De todos modos, advirtieron que sólo el 25% de las más de 70 líneas de ómnibus están dentro de su órbita.
El secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza, sostuvo que el sistema actual está en crisis, “al punto del colapso”. Indicó que los ajustes para solucionar la problemática sería una suba de subsidios o de la tarifa, algo que no ve posible. “¿Vamos a incrementar tarifas de nuevo cuando la Nación las congeló (en el AMBA)? Está complicado el panorama”, insistió.
La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) dispuso el estado de alerta y movilización ante la decisión de los empresarios de reducir el servicio y suspender en forma rotativa a los trabajadores. dirigentes gremiales aseveraron que se enteraron de las medidas adoptadas a través de la prensa, al tiempo que advirtieron que no descartan una medida de fuerza la próxima semana.