El impacto de la inflación llevó a los empresarios del transporte a solicitar al Concejo que el pasaje, hoy fijado en $230, cueste al menos $700.
El planteo formal de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) ante el Concejo Deliberante de la Capital para que se autorice un incremento en el boleto al menos a $700 -hoy está fijado en $230- generó reacciones en organizaciones gremiales y de usuarios.
El secretario de Administración del Sindicato de Obreros y Empleados del Comercio (SEOC), Oscar Ramón Cano, afirmó a LA GACETA que la entidad encabezada por Serafín Pérez está alistando una presentación ante la Legislatura para advertir que, si no se avanza con el horario corrido y se produce una nueva suba en el ómnibus, «será la ruina para los trabajadores».
«Si llevan la tarifa a ese número que piden los empresarios, va a ser una locura. Más del 20% del mísero sueldo del empleado de comercio se irá sólo en transporte», aseveró Cano ante una consulta de este diario.
El referente sindical advirtió que, junto al resto de la comisión directiva, están «bastante preocupados» por el posible aumento en el pasaje. «Nos mantenemos en alerta», indicó. Y no descartó que se solicite una audiencia en la Casa de Gobierno, además de la Legislatura, para plantear la cuestión del horario corrido.
José Hermenegildo García, titular del Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán (Fodecus), afirmó que en esta entidad están a la espera de una reunión con las autoridades del Concejo Deliberante de la Capital para expresar su rechazo al requerimiento de Aetat.
«No se justifica bajo ningún concepto un incremento, sobre todo porque a principios de diciembre se otorgó la última suba. Es un círculo vicioso que siempre perjudica al usuario. Por eso, vamos a resistir fuertemente este intento de avanzar con un aumento en la tarifa», enfatizó García.
Según el referente de Fodecus, el estado de las unidades y las condiciones del servicio deberían ser razones suficientes para rechazar el expediente impulsado por Aetat. «Los organismos de control no pueden permitir que circulen unidades de más de 10 años de antigüedad, sin calefacción ni las comodidades mínimas», añadió.
Además, anticipó que en Fodecus están preparando distintas notas dirigidas a las autoridades para frenar este reajuste. «vamos a pedir a la intendenta Rossana Chahla que, en caso de que se sancione la ordenanza, disponga el veto total. Y también al secretario de Transporte de la Provincia (Vicente Nicastro) para que no se trasladen los aumentos a los servicios interurbano y rural», señaló García.
El pedido de Aetat
Hace una semana, los directivos de Aetat -entidad que preside Daniel Orell- iniciaron los trámites ante el Concejo Deliberante de la Capital para gestionar una revisión de la tarifa del ómnibus
La comisión de Transporte del cuerpo municipal se reunió el viernes pasado, y resolvió correr traslado del planteo a las áreas técnicas de la Intendencia. Ahora, los ediles quedaron a la espera del informe para resolver si avanzan con el pedido de los empresarios.
Según Aetat, las evaluaciones de costos indican que, ante el impacto de la inflación, el boleto debería tener un costo superior a los $840 en la ciudad. En este marco, indicaron que el pasaje debería ser fijado al menos en $700.
De hecho, este fue el valor requerido a nivel nacional por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), entidad que nuclea a las prestatarias de este servicio en los distritos del interior del país.
En Aetat insistieron en diálogo con LA GACETA que el sector arrastra una crisis agravada por el contexto inflacionario. Según explicaron, no cuentan con la posibilidad de trasladar la suba de precios, como sucede con otros rubros, dado que las tarifas son fijadas a nivel estatal. Además, los empresarios advirtieron que tampoco existe una política definida por parte del Gobierno nacional en cuanto a las compensaciones tarifarias para las provincias. Y recordaron que en noviembre pasado habían solicitado al Concejo Deliberante que establezcan un sistema de actualización trimestral del pasaje, sujeto a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) que difunde el Indec. Finalmente, esta modalidad no fue instrumentada por los ediles.