El Gobierno nacional avanzará con la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, aun cuando se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con los rectores para recomponer salarios y reforzar partidas destinadas a las universidades públicas durante 2026.
La intención oficial es retomar el debate durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
Desde la Casa Rosada sostienen que la actual ley presenta un problema de fondo: establece mayores gastos sin precisar una fuente concreta de financiamiento. Por ello, consideran que cualquier modificación del esquema universitario debe ser abordada dentro del marco presupuestario general del Estado.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) prevé firmar un acuerdo económico con el Ejecutivo, aunque aclaró que no retirará la demanda presentada ante la Corte Suprema para que se aplique la ley vigente. El expediente continúa bajo análisis del máximo tribunal, mientras el Gobierno mantiene su rechazo a la normativa aprobada por el Congreso.
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios. El esquema incluye un aumento del 21,33% en junio y otro 3% en octubre, además de contemplar la inflación acumulada y una compensación por la pérdida del poder adquisitivo registrada en períodos anteriores.
El entendimiento también prevé la reapertura periódica de las negociaciones paritarias, con reuniones que no podrán espaciarse más de tres meses. Asimismo, se proyecta una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
El Gobierno busca presentar este acuerdo como una vía para descomprimir el conflicto con el sistema universitario sin renunciar a su postura crítica respecto de la ley actual. Funcionarios nacionales sostienen que el debate sobre el financiamiento debe contemplar el contexto fiscal y la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
La discusión se da en medio de recientes recortes presupuestarios que afectaron áreas como educación, infraestructura universitaria y subsidios. En el Ejecutivo aseguran que el costo de implementar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario sería similar al ajuste aplicado, por lo que insisten en revisar el esquema dentro del Presupuesto 2027.