Un proyecto que avanza en el Congreso propone acelerar los desalojos por falta de pago y reducir el plazo de intimación de deuda de 10 a 3 días.
La iniciativa forma parte de una reforma más amplia sobre propiedad privada que también incluye cambios en expropiaciones, regularización dominial y régimen de tierras. Entre los principales puntos se destacan la implementación de juicios sumarísimos, la posibilidad de desocupación anticipada del inmueble, resoluciones judiciales más rápidas y el uso de notificaciones electrónicas.
Desde la CAPRA respaldaron la propuesta al considerar que el sistema actual desalienta la inversión inmobiliaria. El abogado Enrique Abatti sostuvo que hoy un desalojo puede tardar entre uno y tres años, mientras que con el nuevo esquema podría resolverse en un plazo de entre cuatro y seis meses. Según los impulsores, una mayor previsibilidad ayudaría a incrementar la oferta de viviendas y reducir riesgos para los propietarios.
Sin embargo, especialistas en derecho inmobiliario advirtieron sobre posibles tensiones legales y constitucionales. La abogada Lucía Otegui señaló que la aceleración de los procesos podría afectar garantías procesales, mientras que el abogado Javier Antebi recordó que la propiedad privada ya cuenta con protección constitucional y planteó dudas sobre los límites de la regulación. También advirtieron que muchos casos de mora responden a dificultades económicas y no a incumplimientos deliberados.
Desde las organizaciones de inquilinos, el rechazo al proyecto es fuerte. Inquilinos Agrupados alertó que reducir a tres días el plazo para regularizar una deuda podría agravar la crisis habitacional y aumentar la conflictividad social. Según sus referentes, en un contexto de alquileres altos, contratos más exigentes y salarios deteriorados, la reforma podría endurecer aún más el acceso a la vivienda y generar desalojos más rápidos y frecuentes.