El Gobierno de Javier Milei anunció que enviará al Congreso un paquete de reformas para fortalecer la propiedad privada, entre las que se encuentra una modificación de la Ley de Tierras Rurales.
La norma, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, había sido derogada por el DNU 70/2023, aunque su aplicación quedó suspendida por decisión judicial. Ahora, el debate vuelve a instalarse con expectativas dentro del sector agropecuario.
La discusión gira en torno al posible ingreso de capital extranjero al mercado rural argentino. Sin embargo, operadores inmobiliarios del sector sostienen que actualmente el 95% de las operaciones de compra de campos son realizadas por inversores argentinos y apenas un 5% corresponde a extranjeros, generalmente vinculados previamente al país. Desde el agro aseguran que el temor a una masiva compra de tierras por parte de extranjeros no refleja la realidad actual del mercado.
Especialistas señalan que una flexibilización de la ley podría atraer inversiones de largo plazo en proyectos que requieren grandes desembolsos y años de espera para obtener rentabilidad. Entre ellos aparecen desarrollos de riego, forestación y cultivos permanentes como pistachos, almendros y nogales. Estas iniciativas demandan inversiones que pueden superar los 25.000 dólares por hectárea, cifras difíciles de afrontar para muchos productores locales.
Desde el sector rural destacan que la llegada de capitales internacionales podría generar empleo, infraestructura y mayor valor agregado para la producción argentina. Además, remarcan que los grandes fondos extranjeros suelen asociarse con productores y administradores locales, lo que permitiría combinar financiamiento externo con conocimiento argentino. Según los impulsores de la reforma, esto ayudaría a ampliar la capacidad productiva y exportadora del país.