La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la orden que dispone la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes en el litigio por la expropiación de la petrolera en 2012.
Con esta decisión, Argentina tiene un plazo de tres días para solicitar una suspensión ante la Corte de Apelaciones. De no hacerlo, podría considerarse en desacato. La orden responde al fallo de 2023 que estableció una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes adquirieron los derechos de litigio de los antiguos accionistas de YPF.
Preska argumentó que, aunque otras partes puedan verse afectadas por la ejecución de la sentencia, los demandantes tienen derecho a que se cumpla. Asimismo, señaló que el Estado argentino no cumplió con las condiciones previas establecidas por el tribunal, como presentar una garantía mínima o iniciar una apelación acelerada. Por ello, decidió no conceder nuevas prórrogas, aunque extendió la suspensión actual hasta el 17 de julio, con el único fin de permitir que Argentina recurra a la instancia superior.
Desde la Procuración del Tesoro, se aclaró que Argentina no está incumpliendo la orden, ya que aún se encuentra dentro del nuevo plazo otorgado para apelar.
Además de Burford y Eton Park, también figura como beneficiario el fondo Bainbridge, que tiene una sentencia firme contra Argentina desde otro litigio por bonos en default y recibiría acciones como parte del pago.
En su presentación judicial, la defensa argentina sostuvo que cumplir con la entrega de las acciones implicaría violar la ley 26.741, que regula la expropiación de YPF y exige autorización del Congreso para la venta de acciones. También argumentó que la ejecución inmediata podría generar daños irreparables y afectar intereses de terceros, como provincias y bonistas, mientras que los demandantes no sufrirían perjuicio si se suspendiera la medida.
Por su parte, los demandantes solicitaron al tribunal rechazar la suspensión y, en caso de concederla, exigir una fianza. Señalaron que el Estado argentino ha demorado el cumplimiento del fallo y no ha demostrado voluntad de satisfacer las condiciones fijadas por la justicia estadounidense.
El caso continúa su curso en la Corte de Apelaciones, donde Argentina busca revertir el fallo que la obliga a transferir el paquete accionario mayoritario de la petrolera.