Este lunes, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, ordenó a la República Argentina ceder el 51% de las acciones de YPF como parte del pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera, realizada en 2012. Aunque el fallo aún puede ser apelado, representa un nuevo revés judicial en una causa por la que el país ya fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares.
La sentencia fue dada a conocer por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, según informó Infobae. El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo contra la Argentina, había solicitado en abril de 2024 el control de esas acciones, lo que ahora fue concedido por la magistrada.
Burford, que adquirió los derechos de litigio en esta causa hace más de una década, también había pedido embargos y otras medidas legales, interpretadas por fuentes cercanas al caso como “presiones para negociar”.
Una fuente con conocimiento directo del expediente, que pidió reserva de su identidad, calificó la decisión de Preska como “absolutamente inédita” y recordó que el Departamento de Justicia de EE.UU. respaldó a la Argentina en su oposición a este tipo de medidas, a través de un escrito “amicus curiae”. La misma fuente señaló que la decisión puede ser apelada, y que tanto la jueza como la Corte de Apelaciones podrían suspender sus efectos.
En noviembre del año pasado, durante la administración de Joe Biden, el Departamento de Estado de EE.UU. también intervino en el caso. En una presentación firmada por Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, se advirtió que conceder el pedido de Burford violaría las normas de inmunidad soberana.
“El otorgamiento de la orden de entrega de acciones (‘turnover’) sobre propiedad soberana ubicada en territorio argentino violaría las leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedido por la Corte”, argumentó el escrito.