Mientras Diego Santilli intensifica una ronda de contactos con gobernadores aliados en el interior del país, la Casa Rosada avanza en la reactivación de la mesa política para destrabar la reforma laboral, cuya aprobación el oficialismo busca concretar en febrero. Aunque el Gobierno mantiene expectativas favorables tras la votación del Presupuesto 2026, en el Ejecutivo reconocen que el respaldo provincial sigue siendo clave, especialmente por los reparos que genera el capítulo impositivo del proyecto, que podría impactar en la recaudación coparticipable.
En ese marco, Santilli mantuvo reuniones esta semana con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan), con el objetivo de escuchar demandas y acercar contrapropuestas en la antesala del debate legislativo. Como gesto concreto, el Ministerio del Interior confirmó que Nación avanzará con la licitación de la Ruta 7, estratégica para el comercio con Chile, y reactivará la obra de la Ruta Nacional 40 en San Juan, dos reclamos centrales de los mandatarios provinciales. En paralelo, las provincias mineras siguen de cerca una posible modificación de la Ley de Glaciares, mientras expresan preocupación por la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias prevista en el proyecto.
Las diferencias internas sobre cómo abordar el impacto fiscal de la reforma siguen abiertas: algunos sectores del oficialismo rechazan nuevas concesiones, mientras otros evalúan desdoblar el capítulo impositivo o avanzar con compensaciones a las provincias. La definición llegará este viernes, cuando se reúna la mesa política en Casa Rosada, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, para consensuar una estrategia final. En paralelo, Patricia Bullrich comenzó a trabajar en el Senado con una mesa consultiva técnica para pulir el dictamen y garantizar un amplio respaldo, con la mira puesta en llevar la reforma laboral al recinto entre el 10 y el 11 de febrero.