A través del DNU 867/2026, la Casa Rosada amplió las partidas destinadas al área de inteligencia. El refuerzo se orienta a infraestructura, tecnología e insumos informáticos, elevando la caja anual del organismo a casi $176.000 millones en un contexto donde el ajuste fiscal y los reclamos presupuestarios tensan el vínculo con las provincias.
El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una nueva reasignación presupuestaria para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida se concretó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, publicado en el Boletín Oficial, el mismo instrumento legal enmarcado en el anuncio presidencial por la soberanía de las Islas Malvinas y el avance de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. A través de esta normativa, el organismo sumó $30.518,9 millones adicionales, consolidando una sostenida inyección de recursos en el transcurso del último bimestre.
Con esta última modificación y la aplicada en julio pasado mediante el DNU 594/2026 —que había transferido $49.261 millones—, la SIDE absorbió cerca de $79.780 millones extra en un lapso inferior a 50 días. De esta manera, el presupuesto vigente del área trepó hasta rozar los $176.000 millones, lo que representa un salto del 82% respecto al crédito inicial previsto para el ejercicio 2026, fijado originalmente en $97.135 millones. En lo que va del año, la secretaría lleva ejecutados $82.406 millones, un 46% de su disponibilidad total autorizada.
A diferencia del polémico incremento dispuesto a mediados de 2024, que fue derogado por ambas cámaras del Congreso nacional por haberse volcado enteramente a gastos reservados sin rendición de cuentas, la partida actual no incrementa esos fondos secretos. De acuerdo con el anexo técnico del decreto, el dinero se distribuye entre gastos operativos de capital y corrientes.
En el plano de los gastos de capital, se destinaron $19.613,9 millones principalmente para renovación tecnológica y operativa: $6.306 millones a la adquisición de equipos de computación y sistemas informáticos, $3.451 millones a equipamiento y mobiliario de oficina, $2.659 millones a herramientas y repuestos mayores, y $7.199 millones a rubros complementarios. Por su parte, los $10.905 millones restantes corresponden a gastos corrientes: $7.288,5 millones cubrirán el mantenimiento de edificios, predios y soporte informático, mientras que $3.616,5 millones financiarán bienes de consumo, insumos eléctricos y materiales no metálicos.
La decisión administrativa no pasa desapercibida para el pulso político del interior. En provincias como Tucumán, donde la administración local y los distintos sectores productivos deben administrar un esquema de recursos estrictamente acotado frente al freno de la obra pública nacional y la reducción de giros no automáticos, la prioridad asignada a los organismos de inteligencia en Buenos Aires reabre el debate sobre la distribución federal de los ingresos públicos.
El historial presupuestario de la SIDE muestra un sendero de recurrentes correcciones por decreto durante las últimas tres gestiones anuales. En 2024, tras el rechazo legislativo a los $100.000 millones reservados del DNU 656/2024, el organismo cerró su ejercicio en torno a los $48.000 millones. Para 2025, ante la ausencia de una ley de Presupuesto aprobada por el Parlamento, el crédito inicial se prorrogó y debió incrementarse sucesivamente en marzo, mayo y diciembre hasta concluir en torno a los $107.000 millones.
La reiterada ampliación de las partidas para los servicios de inteligencia vuelve a colocar bajo la lupa las prioridades financieras del Estado nacional, en momentos donde cada partida no asignada a servicios esenciales genera tensiones tanto en el Congreso como en las administraciones provinciales.