El Gobierno nacional avanza en una reforma del mercado inmobiliario impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que será enviada al Congreso en junio.
La iniciativa busca modificar el corretaje y otras actividades reguladas con el objetivo de reducir costos en las operaciones y fomentar una mayor competencia. El anuncio fue realizado en un encuentro del sector en la Universidad Católica Argentina, donde el funcionario planteó la necesidad de “quitar trabas y privilegios” que, según la visión oficial, encarecen el acceso a la vivienda.
El proyecto, que aún no ingresó formalmente al Parlamento, contempla cambios profundos en el funcionamiento del sector. Entre ellos, se destaca la posible eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario, la revisión del rol de los colegios profesionales, la flexibilización de honorarios mínimos y la apertura a nuevos modelos de intermediación, especialmente aquellos vinculados a plataformas tecnológicas Proptech. Además, se apunta a simplificar trámites, reducir barreras de entrada y desburocratizar procesos administrativos.
La propuesta generó un fuerte rechazo por parte de las entidades del sector inmobiliario, que advierten sobre los riesgos de avanzar en una desregulación. Referentes como Marta Liotto, titular del COFECI, defendieron el rol de los colegios profesionales en la capacitación, el control ético y la seguridad jurídica de las operaciones. Desde estas organizaciones sostienen que eliminar la matrícula podría facilitar prácticas irregulares y aumentar el riesgo de estafas, además de debilitar los mecanismos de supervisión existentes.
En contraposición, algunos actores del ecosistema Proptech respaldan la iniciativa oficial y destacan el potencial de modernización del mercado. Argumentan que una mayor competencia permitiría reducir costos y generar modelos más eficientes, alineados con tendencias internacionales. Mientras tanto, el debate continúa escalando y promete convertirse en uno de los ejes centrales de discusión en el sector inmobiliario en los próximos meses, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno y las principales cámaras y colegios profesionales.