El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el decreto 315/2026, luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral.
La medida reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que incorporen trabajadores no registrados y fue firmada por el presidente Javier Milei junto a funcionarios del gabinete.
El beneficio alcanza a trabajadores que no tenían empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, personas desempleadas durante los seis meses previos a la contratación, ex monotributistas sin actividad en relación de dependencia reciente y personas cuyo último empleo haya sido en el sector público. Las contrataciones deberán realizarse entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
Según la reglamentación, las empresas adheridas accederán a una reducción de contribuciones patronales con alícuotas del 2 % y 3 %, destinadas a distintos subsistemas previsionales y sociales. Además, las incorporaciones realizadas bajo este esquema no podrán superar el 80 % de la nómina total de empleados de cada empresa.
La implementación del régimen quedó a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también controlará el cumplimiento de los requisitos. La reglamentación se publicó después de que la Justicia reestableciera la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral, lo que permitió al Gobierno avanzar con la puesta en marcha de las medidas previstas.