Un año después de que el Senado rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Gobierno analiza nuevas candidaturas para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema y avanza en la definición de los 37 fiscales y 45 defensores públicos que aún restan designar.
Un año después de que el Senado rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, la Casa Rosada volvió a poner en agenda la cobertura de las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Con la convocatoria a un nuevo período de sesiones extraordinarias prevista para febrero, el oficialismo considera casi saldada esa etapa y se prepara para retomar, de manera gradual, las negociaciones políticas con la oposición, con el objetivo de garantizar los apoyos necesarios en la Cámara alta.
En ese marco, el Gobierno buscará tender puentes con los bloques más críticos, entre ellos Unión por la Patria, para avanzar con los nuevos pliegos que proponga el presidente Javier Milei. Si bien por ahora no hay definiciones cerradas, en el Ejecutivo reconocen que existen varios candidatos en análisis y que la decisión final quedará en manos del mandatario. En el pasado reciente, entre los nombres que se evaluaron figuraron los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette y Alberto Bianchi, además del exjuez federal Ricardo Rojas.
Paralelamente, el oficialismo tiene prácticamente delineado el esquema para completar un número significativo de vacantes en el sistema judicial: 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos que aún no fueron designados. De concretarse, estas nominaciones permitirían cubrir más del 30% de los cargos actualmente vacantes. Para lograrlo, en la Casa Rosada no descartan abrir una negociación con gobernadores dialoguistas, especialmente en aquellos distritos donde aún restan cubrir juzgados federales.
Desde el Gobierno aclaran, sin embargo, que cualquier acuerdo político tendrá límites claros. Si bien se buscará el aval de las provincias para facilitar el trámite de los pliegos en el Senado, aseguran que no avanzarán con designaciones que no cumplan con los criterios técnicos y profesionales. El proceso incluye concursos, ternas definidas por el Consejo de la Magistratura y la posterior selección del Ministerio de Justicia antes del envío al Congreso. En este escenario, el Ejecutivo descarta por ahora impulsar el reemplazo del procurador general interino, Eduardo Casal, y deja esa definición sujeta al momento político que considere oportuno el Presidente.