El oficialismo busca avanzar con la sanción de la ley en febrero, durante la segunda etapa de las sesiones extraordinarias. En ese marco, ya se activaron contactos informales para allanar el terreno legislativo, con los gobernadores como actores centrales en la negociación política y laboral.
El gobierno de Javier Milei acelera la estrategia para sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de las sesiones extraordinarias, con una hoja de ruta que combina gestos políticos, negociaciones técnicas y una intensa rosca federal. La semana próxima comenzarán las instancias formales, con una reunión de la mesa política para cerrar la táctica legislativa y el trabajo de una comisión técnica en el Senado que analizará las observaciones de la CGT y de las cámaras empresarias. En paralelo, el Ejecutivo ya habilitó la posibilidad de introducir cambios al dictamen aprobado a fines del año pasado, con el objetivo explícito de reunir los votos necesarios, tal como ocurrió con la Ley Bases.
Aunque el debate formal aún no arrancó, los contactos informales con los gobernadores están en plena marcha. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una gira clave por provincias estratégicas como Chubut y tiene previstas visitas a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco, mientras Patricia Bullrich y Martín Menem trabajan en el Senado y Diputados para ordenar respaldos. En la Cámara alta, el oficialismo parte de una base de 21 votos y apuesta a sumar adhesiones del radicalismo y de senadores que responden a mandatarios provinciales, varios de los cuales ya acompañaron al Gobierno en leyes sensibles como el Presupuesto 2026. El rol de gobernadores como Ignacio Torres, Gustavo Sáenz, Carlos Rovira, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo aparece como decisivo para destrabar voluntades, con negociaciones que combinan alineamientos políticos y concesiones concretas.
El principal nudo de conflicto no está en el capítulo estrictamente laboral, sino en el impacto fiscal de la reforma. Los gobernadores advierten que la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias y la eliminación de tributos específicos implicarían una pérdida de más de un billón de pesos en recursos coparticipables, golpeando especialmente a provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Desde la oposición denuncian una “reforma tributaria encubierta” y anticipan que cualquier aval estará condicionado a cambios en ese punto. En Diputados, donde el oficialismo también depende de apoyos provinciales para alcanzar el quórum, el desenlace quedará atado a la capacidad del Gobierno de ceder en materia impositiva y equilibrar la ecuación entre reforma laboral, disciplina fiscal y gobernabilidad federal.