En la movilización contra la reforma laboral frente al Congreso de la Nación Argentina, el malestar no solo apuntó al Gobierno sino también a la conducción de la Confederación General del Trabajo.
Aunque la central obrera había convocado a un paro general que calificó como “contundente”, buena parte de los manifestantes —muchos vinculados a sindicatos industriales y estatales— cuestionó la falta de una convocatoria formal a marchar y denunció una estrategia “tibia” frente al avance del oficialismo. Las críticas escalaron en tono y contenido, con acusaciones de “burocracia” y reclamos de una huelga general con movilización masiva cuando el proyecto vuelva al Senado.
Dirigentes sindicales combativos profundizaron esa línea. Rubén Sobrero, referente de la Unión Ferroviaria Oeste, reclamó un paro de 36 horas y cuestionó a legisladores peronistas que acompañaron el quórum. En la misma sintonía, Norma Lezana exigió que la CGT y las dos CTA confluyan en una medida más dura y coordinada. Desde sectores como la UOM, ATE y el sindicalismo aceitero también se oyeron reproches hacia la conducción cegetista, evidenciando una fractura interna en el movimiento obrero frente a la estrategia para enfrentar la reforma.
La protesta además incorporó el conflicto de la empresa FATE como símbolo de la crisis industrial. Trabajadores denunciaron un posible cierre que pondría en riesgo cerca de mil empleos y reclamaron la apertura de los libros contables. Incluso surgieron planteos para que el gobernador bonaerense Axel Kicillof evalúe una eventual provincialización de la planta bajo control obrero. Así, la marcha dejó expuesta no solo la disputa con el Gobierno, sino también una fuerte interna sindical y política sobre cómo enfrentar el nuevo escenario laboral.