El organismo nacional aprobó un exhaustivo pedido de informes sobre el operativo realizado en mayo en los depósitos de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. La denuncia penal advierte sobre el descarte de evidencia fundamental en causas de narcotráfico y procesos sin sentencia firme como el caso “Ale”.
El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió avanzar formalmente en la investigación sobre el controvertido operativo de remoción y limpieza ejecutado en los depósitos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán. La intervención en el subsuelo del histórico edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, en pleno centro de la capital provincial, desencadenó un grave conflicto institucional, una causa penal en trámite y denuncias cruzadas por la presunta destrucción de material probatorio en causas aún abiertas.
La investigación apunta a esclarecer los hechos ocurridos el 11 de mayo pasado, cuando se desplegó un operativo coordinado por la jueza subrogante Cristina Giordano —con intervención atribuida también a los jueces subrogantes Ana Carina Farías y Federico Bothamley—, en el que efectivos de Gendarmería Nacional cargaron camiones enteros con materiales acumulados durante años. Entre lo retirado figuraban documentación, mobiliario, equipos informáticos y efectos secuestrados en investigaciones penales.
La maniobra motivó una denuncia penal promovida por el secretario de Cámara del tribunal, Hugo César del Sueldo Padilla, quien en su carácter de custodio legal de los efectos secuestrados calificó el procedimiento como un acto “fuera de la ley” y aseguró que excede cualquier antecedente de irregularidad institucional en sus más de cuatro décadas de servicio en el Poder Judicial. El funcionario alertó formalmente que en esos depósitos se resguardaban elementos probatorios de juicios pendientes, expedientes en instrucción y procesos que aún no cuentan con sentencia firme.
Entre el material presuntamente afectado y clasificado de manera precaria durante la jornada figuran expedientes, armas de fuego, sumas de dinero, muestras de sustancias estupefacientes, vehículos, teléfonos celulares y computadoras. Uno de los puntos más delicados del planteo judicial advierte sobre la documentación vinculada a la megacausa del denominado “clan Ale”, expediente que requiere el cumplimiento de un reenvío dictado por la Cámara Federal de Casación Penal.
La inquietud fue compartida por el fiscal general Pablo Camuña ante el TOF, quien solicitó informes perentorios sobre los actos administrativos que avalaron el procedimiento, las actas de descargo labradas y la cadena de custodia de las pruebas de debates orales pendientes. Las consecuencias operativas del hecho ya se hicieron sentir en los estrados locales: trascendió que el Ministerio Público Fiscal debió desistir de una acusación en pleno juicio debido a la desaparición de 58 comprimidos de Alprazolam incautados que se extraviaron durante el operativo.
A partir de una presentación realizada por la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez, el caso escaló al ámbito del Consejo de la Magistratura. Durante el plenario, el consejero y camarista federal Alberto Lugones promovió el requerimiento aprobado por el cuerpo para que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán detalle si fue informada del retiro de los efectos, el destino final de los materiales y las advertencias previas elevadas por el personal de secretaría.
Mientras la causa penal se encuentra radicada en la fiscalía federal de Rafael Vehils Ruiz bajo la órbita del juez José Manuel Díaz Vélez, el órgano disciplinario nacional recopila antecedentes para determinar la responsabilidad funcional de los magistrados intervinientes y constatar si se vulneraron los protocolos federales de conservación de pruebas.