Con el respaldo pleno de jueces, legisladores y abogados, el organismo definió la pauta de gastos para el funcionamiento de los juzgados nacionales y federales. El acuerdo apunta a la modernización operativa en un contexto de recursos fiscales restringidos.
El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación dio un paso institucional relevante al aprobar por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio financiero 2027, correspondiente a la estructura del Poder Judicial de la Nación. La sesión plenaria estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del organismo, Horacio Rosatti, junto a los representantes de los magistrados, los estamentos legislativos, los abogados y el sector académico.
El tratamiento del esquema de erogaciones cobra particular valor técnico e institucional debido a que establece la previsión de fondos con la que operarán todos los fueros e instancias de la Justicia federal en el país, en un escenario nacional condicionado por la disciplina fiscal y la contención del gasto público.
Consenso y límites presupuestarios
Durante el plenario, el titular de la Comisión de Administración Financiera y representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola, presentó el dictamen final tras un proceso de análisis y debate en comisiones. En su exposición, Viola subrayó el compromiso alcanzado por los distintos sectores:
- Gestión en contexto de austeridad: El funcionario advirtió que “los recursos públicos son escasos y es algo que todos debemos tener en mente”, señalando que el proyecto busca equilibrar la contención de erogaciones con las demandas de infraestructura y personal.
- Modernización y agilidad: El anteproyecto contempla partidas específicas para la modernización de los sistemas de gestión digital, la conectividad y el fortalecimiento institucional, con la meta de consolidar “una Justicia más ágil, transparente, eficiente y cercana a la gente”.
- Orden y autonomía: Desde la administración judicial se remarcó que contar con la pauta de gastos aprobada en tiempo y forma garantiza previsibilidad y resguarda la independencia funcional y económica del sistema de administración de justicia.
La sesión contó con la participación y el voto favorable de los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores nacionales Eduardo Vischi, Luis Juez y Mariano Recalde; los diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; los representantes de los abogados Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau; y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. Registraron ausencias justificadas la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
La repercusión directa en los Tribunales Federales de Tucumán
Para el mapa judicial de San Miguel de Tucumán y el interior provincial, la aprobación del presupuesto federal no es un mero trámite administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con asiento en calle Las Piedras y Congreso, y los Juzgados Federales 1 y 2 de la capital tucumana dependen directamente de estas asignaciones de partidas para sostener su infraestructura edilicia, la digitalización de expedientes y la cobertura de insumos básicos.
En nuestra provincia, la Justicia federal soporta una pesada carga de trabajo por la instrucción y juzgamiento de delitos transnacionales de alta complejidad, como el narcotráfico, el contrabando sobre las rutas del NOA, la trata de personas y las causas por delitos tributarios y previsionales. A este volumen de causas se suma la necesidad histórica de dotar de mayores recursos tecnológicos y periciales a las secretarías penales y civiles para acelerar las sentencias y reducir los tiempos procesales que hoy dilatan las resoluciones durante años.
Asimismo, la previsibilidad presupuestaria aprobada en el Consejo resulta indispensable para garantizar las partidas que financian los concursos de magistrados pendientes y el funcionamiento operativo de las sedes federales de la región, permitiendo que la modernización tecnológica no quede concentrada únicamente en los tribunales porteños, sino que llegue de manera equitativa al interior del país.