A través de un sistema integral que rastreará de forma simultánea el IMEI, el IMSI y la línea telefónica, la Casa Rosada busca anular el uso delictivo de dispositivos en los penales. La iniciativa contempla convenios federales con las provincias para auditar pabellones e inhabilitar los aparatos incautados en un plazo máximo de 48 horas.
La utilización de teléfonos móviles en el interior de los establecimientos carcelarios constituye, desde hace años, una de las problemáticas de seguridad más complejas y de mayor impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde llamadas extorsivas y estafas virtuales de diversa índole hasta la coordinación logística del narcotráfico y hechos delictivos en la vía pública, las celdas suelen convertirse en nodos de comunicación clandestina. Frente a este diagnóstico, el Gobierno nacional oficializó un programa de seguridad diseñado para detectar, registrar e inhabilitar de manera definitiva los teléfonos celulares hallados dentro de las prisiones en sectores donde su uso se encuentra expresamente prohibido.
La principal innovación del nuevo esquema radica en su enfoque técnico, el cual busca superar las limitaciones de los procedimientos tradicionales de requisa. Hasta ahora, el secuestro de un teléfono solía quedar en una medida paliativa de corto alcance, debido a la facilidad con la que los reclusos reponían chips o intercambiaban componentes. A partir de la puesta en marcha de este sistema, el bloqueo no se concentrará de forma aislada en el equipo físico ni en el número de línea.
El protocolo exige el registro cruzado y simultáneo de tres parámetros técnicos esenciales: el número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, que identifica al aparato), la Identidad Internacional del Abonado Móvil (IMSI, vinculada al chip) y la línea telefónica activa al momento de la detección. De este modo, la alteración o el reemplazo de la tarjeta SIM dentro de un mismo dispositivo no impedirá la anulación total del servicio, neutralizando la reactivación del teléfono en cualquier red de telefonía celular del país.
El programa prevé un esquema de aplicación federal al que podrán sumarse de manera voluntaria la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 23 provincias mediante la firma de acuerdos específicos con la cartera de Seguridad de la Nación. En distritos como Tucumán —donde el sistema penitenciario atraviesa transformaciones operativas y edilicias tanto en el tradicional penal de Villa Urquiza como en las nuevas instalaciones de Benjamín Paz y las alcaidías del interior provincial—, la adhesión institucional permitirá dotar al personal penitenciario de un canal directo y estandarizado para canalizar las incautaciones.
Bajo este mecanismo federal, los servicios penitenciarios locales serán los responsables primarios de identificar y fichar los equipos detectados en las inspecciones de pabellones y celdas. Toda esa información técnica será cargada y remitida a una base de datos central administrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo que tramitará el pedido de corte directamente ante las empresas prestatarias de telecomunicaciones.
Una vez cursada la intimación oficial, las compañías prestadoras tendrán un plazo perentorio máximo de 48 horas hábiles para ejecutar el bloqueo de las comunicaciones e informar su cumplimiento efectivo a las autoridades. A fin de garantizar la transparencia y eficacia del proceso, la normativa estipula auditorías periódicas sobre los equipamientos de detección, la elaboración de reportes de incidentes y la obligación diaria, por parte de cada jurisdicción adherida, de actualizar el registro de equipos secuestrados. La meta central consiste en desarticular la capacidad operativa de las organizaciones criminales que pretenden sostener sus redes delictivas al margen del régimen de detención.