A más de tres meses del crimen que sacudió a Córdoba, el padre de la víctima presentó un proyecto con ocho ejes clave que incluyen alertas inmediatas, registros judiciales cruzados y formación obligatoria en clubes y escuelas para evitar daños irreparables.
El debate sobre la capacidad real del Estado para anticipar y frenar la violencia contra las infancias suma un nuevo capítulo de peso institucional. A más de tres meses del femicidio que sacudió al país, la Legislatura cordobesa recibió de manera formal el proyecto denominado “Ley Agostina”. La iniciativa, impulsada por Gabriel Vega —padre de la niña asesinada—, busca transformar el reclamo de justicia en una reconfiguración estructural de los protocolos públicos de intervención temprana en materia de minoridad y adolescencia.
Para la sociedad tucumana, donde tragedias vinculadas a la vulnerabilidad infantil han encendido históricos reclamos ciudadanos y movilizaciones en plazas de toda la provincia, este tipo de discusiones legislativas resuena con particular vigencia. La propuesta se articula sobre ocho ejes rectores diseñados para detectar factores de riesgo antes de que se produzcan desenlaces trágicos, cerrando las grietas burocráticas que suelen dilatar la acción estatal en momentos críticos.
Entre las medidas más destacadas del texto figura la creación de una línea telefónica gratuita con operatividad permanente las 24 horas, complementada con la conformación de gabinetes interdisciplinarios de asistencia urgente. Asimismo, el proyecto plantea la obligatoriedad de programas de formación continua en establecimientos educativos para abordar problemáticas crecientes como el acoso digital (ciberacoso) y las diversas manifestaciones de violencia, a la par de fijar un protocolo de búsqueda inmediata que active rastreos sin demoras procesales ante la sola denuncia de ausencia de un menor.
El andamiaje preventivo extiende su radio de acción hacia la vida civil cotidiana. Establece la implementación de normativas de actuación específicas en instituciones deportivas —espacios vitales de contención comunitaria donde niños y jóvenes pasan gran parte de su semana— y un sistema de control riguroso frente al ausentismo escolar prolongado o sin justificación. De manera complementaria, promueve un registro unificado de restricciones judiciales para evitar vacíos informativos entre jurisdicciones, integrándose operativamente con la Ley Lucio para garantizar una respuesta coordinada apenas se identifique una señal de vulneración de derechos.
En el ámbito penal, la causa central continúa su curso en los tribunales tras el crimen perpetrado entre el 23 y 24 de mayo en un inmueble del barrio Cofico. El expediente acumula actualmente seis detenidos. El principal acusado, Claudio Barrelier, se encuentra imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado. Paralelamente, los acusados Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz permanecen bajo investigación por el presunto delito de encubrimiento agravado.
En las últimas horas, la Justicia de Control ratificó la prisión preventiva de parte del grupo investigado por encubrimiento, mientras el Ministerio Público Fiscal define los pasos a seguir con el resto de los procesados. Por su parte, la abogada que representa a la querella familiar, Fernanda Alaniz, adelantó que solicitará un endurecimiento formal en la carátula atribuida a Palmero, conviviente del sospechoso principal, para que sea encuadrada penalmente en calidad de partícipe del hecho y no como mera encubridora.
La iniciativa abre así una discusión de fondo sobre la eficiencia de las políticas públicas y los mecanismos de alerta comunitaria, una agenda urgente que interpela a los poderes del Estado tanto a nivel federal como en cada una de nuestras provincias.